Es evidente que estamos ante la más grave crisis, no solamente de la administración de justicia, sino de la institucionalidad colombiana, en particular de la Corte Constitucional, ni más ni menos la corporación que tiene a cargo salvaguardar la integridad y supremacía de la Constitución, la protección efectiva de los derechos fundamentales, la defensa de las libertades públicas en el más alto nivel de la jurisdicción.

Algo verdaderamente lamentable, que curiosamente no parte de una condena en firme y ni siquiera de un llamamiento a juicio, y por tanto no hay certeza sobre la culpabilidad de los implicados, ni desde el punto de vista penal, ni desde la perspectiva disciplinaria.

De todas maneras, como lo he dicho en varias ocasiones, el reconocimiento de la presunción de inocencia y del debido proceso, que son derechos fundamentales de toda persona y que deben ser respetados a la luz de la Constitución y de los tratados públicos, no puede sobreponerse al interés general implícito en la respetabilidad de las instituciones. Por tanto, lo que más habría convenido en este caso, para bien del sistema jurídico y de la credibilidad que debe merecer, habría sido la renuncia o suspensión de los jueces cuestionados mientras se les adelanta el debido proceso, para evitar la confusión entre el interés particular de las personas y la respetabilidad de las instituciones.

Ahora bien, el Presidente de la República ha formulado algunas propuestas que vale la pena evaluar:

- En primer lugar, compartimos con el Dr. Santos el criterio según el cual, aquí no se trata de arrasar con las instituciones. Y, por ejemplo, no es el caso de proponer la supresión de la Corte Constitucional u otro tipo de soluciones absolutas o indiscriminadas.

- También acierta el Jefe del Estado al resaltar la necesidad de despojar a las altas corporaciones judiciales de responsabilidades atinentes a nombramientos, ternas y listas, atribuciones que, en vez de despolitizar los procesos de elección de Procurador, Contralor, Defensor del Pueblo, Registrador del Estado Civil o magistrados, ha significado infortunadamente la politización de las Cortes y de sus integrantes.

- Igualmente, acierta el Dr. Santos al señalar que el origen y juzgamiento de los magistrados no puede ser puramente político.

- Y tiene razón en que se necesita una mejor preparación de los abogados para ejercer el Derecho.

- Y también concordamos con su criterio en el sentido de que se hace necesario incentivar las actividades de control ético y jurídico en cabeza de los colegios y asociaciones de abogados. Eso se previó en la Carta de 1991 y no ha sido desarrollado.

Pero igualmente, caben algunas observaciones:

- Aunque tiene razón el Presidente en lo indebido del 'lobby' o cabildeo ante los jueces y corporaciones judiciales, que muchas veces implica corrupción, no hay necesidad de consagrar nuevas normas que lo prohíban. Ya está prohibido en todos los reglamentos de las altas corporaciones. Lo que hay que hacer es cumplir esas disposiciones y adelantar los procesos disciplinarios para sancionar con dureza a los magistrados infractores. Y también a los abogados, que en tal sentido también cometen faltas disciplinarias.

- Acerca del trámite del proyecto de acto legislativo sobre equilibrio de poderes que cursa en el Congreso, mucho nos tememos que varias de las ideas que han surgido en estos días a propósito de la crisis no se podrán llevar a la segunda vuelta, pues ya hay un texto de lo aprobado en la primera legislatura ordinaria, y el artículo 378 de la Constitución prohíbe incluir en la segunda lo que no fue propuesto y discutido en la primera.

- En cuanto al Tribunal de Aforados, está muy bien que se constituya con los más acreditados e insospechables magistrados, pero precisamente por ello debe dársele plena competencia para conocer de las infracciones, investigarlas y sancionar a los infractores, sin pasar de nuevo por el Congreso, porque entonces no estamos haciendo sino cambiar el nombre de la Comisión de Acusaciones por el del Tribunal. En definitiva, nada.

Eso sí: hay que hacer algo ante esta profunda y delicada crisis. No podemos sacrificar a las instituciones.

Y de todas manera, señor Presidente: el gran problema no es de normas. Es de seres humanos.

Hasta pronto.