Tanto los optimistas como los escépticos les pedimos a las Farc un verdadero gesto de su voluntad de paz, los unos para fortalecer su credulidad y los otros para salir de su desconfianza, porque todos -que nadie lo dude- queremos la paz. 
Más allá de suspender unilateralmente las hostilidades, que no su amplia actividad delictiva, ese gesto de las Farc debería darse desde los micrófonos, porque mientras el Gobierno, de buena fe, insiste en que no le paremos bolas a las declaraciones públicas, porque lo que vale es su posición en la mesa, de micrófonos para afuera lo que han hecho las Farc es mantener gran coherencia en unas posiciones que, o bien han terminado en conquistas a su favor y les han otorgado una condición cada vez más dominante frente a la angustia de paz del país, o simplemente están detrás del temor de muchos, no por la firma de un acuerdo final, que seguramente se firmará, sino por las claudicaciones que incorpore frente a nuestro ordenamiento constitucional y legal. 
El Gobierno, por el contrario, está lleno de gestos. Que la Comisión para aclarar el origen del conflicto y socializar la responsabilidad de las Farc: concedido; que el Desarrollo Rural a su medida: concedido; que una jurisdicción especial que los iguale con la Fuerza Pública y la sociedad en general, cuando de lo que se trataba era de su sometimiento a un régimen transicional generoso para su reinserción: concedido; que el narcotráfico sea conexo al delito político: concedido; que la participación directa en política: concedido, con un case inicial de 40 curules. 
El último gesto es más generoso. Si se había dicho que no habría impunidad y se firmó ya, con bombos y platillos, una jurisdicción especial a la cual le han salido más desacuerdos que certezas, que sometería no solo a todas las Farc, sino a todo el país; entonces, ¿por qué no esperar?, ¿para qué regalar unilateralmente 30 indultos? 
Frente a tan generosa concesión, cabe resaltar la respuesta de las Farc, que lejos de dar gestos de plegarse al Estado de Derecho, insiste en posiciones descalificadas por el Gobierno, como la Constituyente, o desmedidas, como la de los Territorios Especiales para la Construcción de la Paz (Terrepaz), que tendrían -léase bien- “un régimen especial y extraordinario, protegido constitucionalmente”. 
Los Terrepaz -o Terrefarc, diría yo- son una reedición, mejorada por y para la guerrilla, de las Zonas de Reserva Campesina que quedaron como salvedad pendiente. Pero una cosa es definir territorios para facilitar el fin del conflicto, la entrega de armas, la seguridad de los desmovilizados y su reinserción, y otra muy diferente la creación de ‘republiquetas’ “para la transformación integral de las Farc-Ep en su dimensión territorial, en lo político, lo económico, lo social y cultural, habitados por excombatientes, familiares y allegados, y los ciudadanos vecinos del lugar, dentro del orden constitucional surgido del proceso de diálogos”. 
¿Cuál orden constitucional surgido del proceso? Con los Terrepaz, las Farc insisten en una Constituyente que modifique las instituciones para, entre otras cosas, crear un ordenamiento territorial, político y administrativo favorable a sus intereses, deslegitimando de paso el mandato popular que entregamos recientemente a las nuevas autoridades regionales y locales. 
Se dirá que es apenas una propuesta, pero ya vimos dónde terminan las propuestas de las Farc. Sin duda, es también otra evidencia de la complejidad de lo que falta y de las dificultades para un acuerdo definitivo en marzo de 2016. Además, frente a las flaquezas de un plebiscito que no alcanza a legitimar los acuerdos, el país seguramente terminará en una Constituyente.