Desde que el Gobierno les quitó a las Farc su bien ganada condición de amenaza terrorista y las sentó a una mesa, mas no a definir las condiciones que el Estado exigiría para su reinserción, sino a negociar las modificaciones al Estado de Derecho que las Farc exigirían para reincorporarse; las negociaciones quedaron marcadas por una ilegitimidad insubsanable, que terminaría en un verdadero caballo de Troya para minar desde adentro nuestras instituciones. 
En efecto, siempre con la presión extorsiva de las armas, tanto la justicia como el régimen electoral, el desarrollo rural, la política antidrogas y la participación ciudadana sufrieron modificaciones sustanciales que, por exigencia de las Farc, debían ser refrendadas en una Asamblea Constituyente. No obstante, en una demostración de 'sometimiento' que debería regocijar al país, como cínicamente pregona el Gobierno, las Farc deciden plegarse a la decisión de la Corte sobre el mecanismo de refrendación. 
¿Qué pasó? Que en lugar del ataque frontal que habría sido la Asamblea, en La Habana decidieron una estrategia combinada para entrarle a la Constitución por la puerta de atrás, abierta sin reparos por la propia Corte. 
Por eso a la Corte le pareció bien modificar -por una sola vez- el umbral de aprobación “del 50% al 13%” para acomodarlo a las posibilidades de éxito. Con esa ventaja y con la confusión engañosa de la paz como promesa, también le pareció correcto someter un extenso, confuso e inmodificable Acuerdo Final a la votación del sí o el no, del todo o nada. Es como obligar a un comensal a elegir un menú con caldo de culebra y exquisito ajiaco, con la obligación de comérselo todo o aguantar hambre. Es inaceptable una opción de blanco o negro, que además elimina el voto en blanco como legítima expresión de desaprobación. 
Se le abona a la Corte haber desarmado el plebiscito vinculante, limitando cualquier obligación a lo estrictamente político para el presidente de la República. Como consecuencia, el plebiscito no permitirá la “...adición o modificación de norma jurídica alguna, entre ellas la Constitución”, lo cual solo será posible en la implementación y con “las condiciones que para la producción normativa fija la Carta”, en especial el debate previo, libre y democrático. 
Pero esas condiciones ya fueron asaltadas con el Acto Legislativo para la Paz, un raro espécimen de inconstitucionalidad, que hasta las Farc rechazaban, pero al cual se sometieron también, luego de introducir extemporánea e ilegalmente el Comunicado Conjunto No. 69, un mico que incorpora el Acuerdo Final al bloque de constitucionalidad, una vez sea refrendado en plebiscito. Un verdadero Caballo de Troya a la Constitución.
Pero ahí no paran los exabruptos. El Acto cercena las facultades esenciales del Congreso y de la Corte Constitucional, constriñéndolos también al sí o al no, en procesos sumarios de aprobación y revisión, al tiempo que impide cualquier posibilidad de demanda de inconstitucionalidad. Aún falta el examen del Acto Legislativo. ¿Qué dirá la Corte? 
Por ahora, obligó a los ciudadanos a votar por una caja negra: pueden conocer su contenido pero no cambiarlo, como no pudo hacerlo el Congreso ni la Corte. Les tiene que gustar todo el acuerdo, o si no: a comer caldo de culebra para poder degustar ajiaco. 
Qué puede hacer usted si le gusta la participación comunitaria pero rechaza la impunidad disfrazada del Acuerdo; o un ganadero que ve amenazada la propiedad legítima de la tierra y hasta su propia libertad por una justicia sesgada. Yo quiero la paz, pero no acepto esa trampa cuasidemocrática y, por ello, me siento moralmente obligado a votar por el no.