Otra vez el orden en el país está alterado. Y no son las Farc las que lo tienen así pues por estos días los máximos jefes de esta guerrilla trabajan "arduamente" en La Habana (Cuba) demostrando que sí podían sentarse a dialogar en busca de un acuerdo de paz y además tener gestos que le devuelvan algo de confianza a la gente como lo es el cese el fuego unilateral, aunque mucho de lo avanzado lo terminen distorsionando cuando advierten que no están dispuestos a pagar cárcel por los múltiples delitos cometidos en el pasado.

Está alterado el orden pero por cuenta de un paro de transportadores de carga que ya completa 20 días y que comienza a generar impactos negativos en la economía nacional pues se deja de movilizar no sólo la carga industrial producida y la materia prima para su fabricación, sino que hay desabastecimiento de alimentos por falta de camiones para transportarlos.

En consecuencia los colombianos comenzamos a sentir los estragos del paro camionero pues escasean productos básicos de la canasta familiar y los pocos que quedan o logran entrar registran desproporcionados incrementos que afectan el de por sí menguado bolsillo del consumidor.

¿Por qué el gobierno le da largas a algo que genera multimillonarias pérdidas económicas cuando al final, de algún modo, tiene que buscar una solución pues el país no se puede quedar paralizado y sin comida para la gente? Falta sentido común, creo yo, o es que en esto hay otros intereses de por medio.

Y esa parece ser la constante cuando se habla de movilizaciones y protestas, como el paro nacional agrario, el de agosto de 2013, que además de campesinos involucró a transportadores, y que tuvo un impacto negativo en la imagen política de Santos de cara a su reelección pues fue cuando se atrevió a decir, "El tal paro nacional agrario no existe", mientras había muertos, desabastecimiento y bloqueos en gran parte de la geografía nacional.

En ese entonces se habló que hubo pérdidas totales que estaban entre los 200 mil y los 300 mil millones de pesos, aunque otros recogiendo todos los aspectos afectados dicen que fue mucho más, casi medio billón de pesos.

Pues ahora los representantes de los transportadores de carga han manifestado su decisión de no mover sus camiones hasta tanto el gobierno atienda sus peticiones como son la rebaja del precio de los combustibles, esencialmente el ACPM; la reducción en el costo de los peajes; la actualización de la tabla de fletes, que no se respeta, y la concreción y cumplimiento de la política de chatarrización, pues se sigue abusando con esta, y no se cumple la renovación del parque automotor de carga pues siguen rodando camiones viejos, la mayoría repotenciados, que nadie explica por qué operan.

La situación comienza a tornarse crítica pues sólo en Manizales, para citar un ejemplo, reconocidas industrias ya no tienen materia prima para producir pues la mayoría de camiones están inmovilizados, o se cuentan las que producen pero no hay quien transporte sus productos. Ya por las carreteras circulan muy pocos camiones y los que lo hacen sus conductores reportan que son amenazados o atacados por no solidarizarse con el gremio.

Falta liderazgo nacional para atender esta problemática y solucionarla la cual ya deja empresas semiparalizadas, sin capacidad operativa, y que tuvieron que sacar su personal a vacaciones unas, mientras otras debieron liquidar trabajadores. Eso es lo que está pasando en Manizales y es lo mismo que sucede en otras capitales o en municipios claves como La Dorada, Anserma, Riosucio, Chinchiná, y los de otros departamentos a lo largo y ancho del país ¿Será que está cerca el presidente Santos de decir que el tal paro camionero no existe? ¿Acaso no se dará cuenta que el precio de la papa está disparado, lo mismo que el del arroz, la arveja y el de otras verduras y frutas? ¿Y quién merca en la Casa de Nariño?

Sabemos de la importancia y la trascendencia que encarna el proceso de paz, y se aplaude su significativo avance, pero no puede el gobierno nacional pretender tapar el sol con un dedo en esto del transporte de carga. Mucho hay por hacer en este sector trascendental de la economía como para restarle importancia a sus exigencias y pedidos. Y mal haría no atenderlo en medio de la anunciada recesión mundial que ya comienza a hacer de las suyas. Ahí anunciaron su apoyo los mineros y campesinos, o sea que esto se puede complicar.

Entre tanto los 20 días de paro a razón de cinco mil millones de pesos día, ya dejarían 100 mil millones de pesos en pérdidas. Pero es sólo lo tangencialmente medible, porque estoy seguro que su bolsillo, el mío y el de muchos millones de colombianos del común, que también sentimos los efectos de esta parálisis, no son tenidos en cuenta a la hora de cuantificar cifras. Esa es la razón por la que para los altos funcionarios del gobierno los tales paros no existen pues las pérdidas las asumimos nosotros y eso no es deducible de los impuestos, por eso ni les va ni les viene.