Los procesos que se tramitan ante las instancias judiciales derivados de la muerte de 48 personas, y otras tantas heridas y lesionadas, en la tragedia del barrio Cervantes, tienen una última oportunidad para una salida negociada este martes 15 de septiembre, fecha límite fijada por el grupo mayoritario para llegar a un arreglo con la administración municipal.
Después de intentar la conciliación ante la Fiscalía y la jurisdicción de lo contencioso administrativo por poco más de un año, el alcalde Jorge Eduardo Rojas decidió contratar un estudio con la prestigiosa firma de abogados consultores de Medellín, dirigida por Luis Botero Gutiérrez, para avalar, replantear o rechazar las cifras acordadas. Con ese elemento en mano, que hasta donde tengo entendido es favorable frente a lo inicialmente establecido por las partes, Rojas tendría la posibilidad de dejar arreglado este asunto que en palabras del Vicefiscal General de la Nación, José Fernando Perdomo, “es una herida abierta de ciudad que debe ser sanada”.
Y tiene razón Perdomo pues está establecido legalmente que las víctimas tienen el derecho constitucional a la reparación integral, término tan de moda en estos días que se habla de víctimas del conflicto armado y que en el caso de la tragedia del barrio Cervantes si bien no corresponde a un hecho violento o a una intención premeditada por hacer daño, sí tiene que ver con la negligencia y la omisión de funcionarios que debieron atender oportunamente los llamados de la comunidad que advertía sobre la ocurrencia de algo irregular en la conducción de agua que pasaba por la parte superior del barrio.
No hay nada más dramático para un pueblo o una comunidad que las tragedias pues causan dolor, dejan un recuerdo de tristeza que marca por siempre y son el claro referente de lo que nunca debió ser, y más en el caso de Cervantes que hoy lleva la impronta de ser el más grave y mortal episodio involuntario en la historia de esta joven ciudad. Por eso las víctimas de este sector, que perdieron tanto, merecen que la ciudad les ayude en parte a sanar su herida y se les otorgue la indemnización respectiva, sin tener que esperar un complicado y largo pleito de más de 10 o 15 años.
De concretar la esperada conciliación el alcalde Jorge Eduardo Rojas cumpliría dos propósitos, el primero el postulado constitucional de la reparación integral a las víctimas y que adicionalmente se haga justicia con quienes perdieron lo más valioso que tenían, sus familias y sus pertenencias, y hoy, casi cuatro años después sólo ven la cicatriz que dejó en el barrio la avalancha que acabó con sueños y realidades. Y el segundo es que habría un acto de protección del patrimonio público pues se evitaría una multimillonaria indemnización que en 10 o 15 años golpearía en forma dramática las finanzas municipales, algo que él sabe y por lo incluso le ha tocado pagar en su administración.
Basta dar una mirada a lo sucedido con un hecho similar hace años, la tragedia del barrio Villa Luz, por el que fueron condenadas las entidades comprometidas a pagar casi cuatro veces la suma de lo que se había acordado en conciliación previa, y que, inexplicablemente, no fue aprobada por la respectiva autoridad judicial.
Para el alcalde Rojas, de salida de la administración, si jurídicamente todo está en orden, como tengo entendido que lo está, este sería otro acierto más y el cumplimiento de un propósito de justicia inesperado que, así no se vea materialmente, representará enormes beneficios al municipio en materia económica y de finanzas. Además, pongámonos en la piel de los familiares de quienes fallecieron en el derrumbe de Cervantes, ¿qué sentirán hoy, tres años y 10 meses después, cuando sólo los acompañan la tristeza y las ruinas por lo sucedido?