Más allá de la picaresca local sobre las razones concretas de los desacuerdos en el Comité Intergremial de Caldas con motivo del pacto por la transparencia, y que llevaron a la renuncia de Gilberto Saffon, luego de cuatro años de desempeño, está uno de los retos más importantes que tenemos como sociedad colombiana: la lucha contra la corrupción.
El pacto que tradicionalmente se firmaba en la región con el alcalde de Manizales y el gobernador de Caldas tenía muchas previsiones que ya están previstas en la Ley de Transparencia, Ley 1712 de 2014 que empezó a regir efectivamente en las regiones hace casi un año. La norma está muy centrada en la publicidad de la información en la administración pública. Así las cosas, que no se firme el pacto no tiene tanta repercusión, porque los mínimos legales están más desarrollados actualmente. De esta manera, el problema es más simbólico que concreto. Es evidente que hacer este tipo de declaraciones públicas ayuda a la construcción de una cultura de la transparencia en nuestro medio, máxime cuando los más altos funcionarios de las administraciones territoriales y los gremios de la producción lo están promoviendo.
La construcción de la cultura en condiciones tan adversas como las del país en estos temas de transparencia, pasa por la deconstrucción de imaginarios colectivos, es decir, por una resignificación que cambie el sentido del pensar colectivo. Por ejemplo como afirmaciones: “Todos tienen un precio”, “únicamente dando coimas se logran los contratos”, que deben ser transformadas.
De otra parte, estos pactos contra la corrupción y por la transparencia tienen como destinatarios no solamente a los funcionarios públicos, sino también a los empresarios y particulares que intervienen en la contratación oficial. Cuando hay corrupción están implicados ambos polos: los funcionarios y los contratistas, es de ambos lados el problema.
Los datos más recientes sobre la corrupción que ha publicado Transparencia por Colombia indican que la percepción de corrupción es alta en nuestro país. Está por encima de la percepción de Brasil, Chile, Panamá y Costa Rica, para mencionar países de Latinoamérica que tienen mejores índices que los nuestros.
Así, hay que esperar que los gobernantes y gremios estén a la altura de las circunstancias y firmen el pacto para refrendar públicamente lo que es un deber de todos los ciudadanos. El cumplimiento de la ley y la construcción de una cultura de la transparencia son una responsabilidad de todos.
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