Hago parte del 72% de colombianos que, según la encuesta Colombia Opina realizada en 2014 por la firma Ipsos Napoleón Franco, desconfía de la capacidad de las autoridades para hacer justicia. Les expongo un ejemplo. En el 2011 recibimos en el periódico una llamada anónima en la que una mujer amenazó con matarnos por una nota que publicamos sobre una de las tantas peleas entre pandillas que se presentan en la Ciudadela Norte de Manizales.

Decidimos hacer la denuncia y acudimos -una periodista y yo- al Comando de la Policía para exponer el caso. Tras una larga espera nos dijeron que allí no nos atendían, que debíamos ir a la Estación de San José. Allá, una funcionaria nos hizo las preguntas de rigor: Nombre, cédula, oficio, dirección, declaración... "Recibimos una llamada anónima, desde un teléfono público, de una mujer que nos amenazó con tirarnos una granada por una noticia que publicamos". "¿Sabe el nombre de la mujer?", nos preguntó la señora. "Fue anónima", contestamos. "¿Y sabe el número de teléfono o dónde vive la persona que los llamó?". La entrevista ya tomaba tono de sainete. Concluimos que esta denuncia no llegaría a ninguna parte, sobre todo cuando nos afirmó que sin el nombre o la dirección de la "anónima" sería muy difícil dar con su paradero.

Si antes desconfiaba de la eficacia de las autoridades, desde entonces lo hago más. Y uno entiende que hay casos más importantes que otros, que el sistema está congestionado, y que no hay suficientes investigadores para dedicarle a tanto proceso y amenaza que hay en este país lleno de violencia e inequidad. Pero como dijo el matemático y filósofo francés, René Descartes: "A menudo es preferible una falsa alegría a una tristeza cuya causa es verdadera".

Para agregarle patetismo a esta situación, hoy vemos que aquellas investigaciones o procesos que llegan a términos de condena, parecen no ser acordes a lo que es "justicia". Dice la Real Academia de la Lengua Española (RAE) que justicia es el "Principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. (…) La que establece la proporción con que deben distribuirse las recompensas y los castigos. (…) Aplicar las leyes en los juicios civiles o criminales, y hacer cumplir las sentencias".

El paramilitar aguadeño Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, reconoció su responsabilidad en mil 750 hechos delictivos entre los que se encuentran homicidios, secuestro, desplazamiento forzado, torturas, violaciones, reclutamiento de menores de edad, entre otros. También tiene cinco investigaciones por falso testimonio, fraude procesal y cohecho propio. A pesar de ello, podría quedar libre en las próximas semanas pues ya pagó su condena: 8 años de cárcel. Entonces, si una persona con tantos crímenes encima -más los pecados que lleva guardados- salda su deuda con la sociedad en menos de una década, ¿es sensato el anuncio de la Fiscalía de una condena de seis a 20 años de prisión a la persona que se robó una primera edición del libro Cien años de soledad en la pasada Filbo?

El argumento del vicefiscal (e) Juan Vicente Valbuena resulta chimbo. Alega que se robaron un patrimonio cultural de la nación. Falso. De esa primera edición de la novela de Gabriel García Márquez, la editorial argentina Sudamericana imprimió 8 mil copias. O sea, ni se hizo en Colombia ni era única. Lo que es patrimonio es la historia, el relato, la imaginación del premio Nobel de literatura. Con el robo de ese libro no se pierde nada de eso, pues de la historia de los Buendía ya ha sido traducida a 35 idiomas y se han vendido más de 30 millones de copias en el mundo.

Pero, ¿cuántos Iván Rincón Henao que hayan sido alcaldes de Agudas hay -hubo- en el mundo? ¿Cuántos líderes indígenas como Gabriel Ángel Cartagena o Luis Ángel Chaurra? Estas personas sí eran únicas, pero fueron asesinadas en 2003 y 2001 en hechos en que estuvo involucrado Ernesto Báez.

Emilio Tapia fue condenado esta semana a tres años de prisión y a pagar 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes por lo que se llamó "el carrusel de las contrataciones", y que le robó a Bogotá cerca de 50 mil millones de pesos (la revista Semana reportó que solo en bienes tenía $41 mil millones, y El Tiempo investigó que, además, le había ocultado a los fiscales unos $4 mil millones). Viendo estas cifras y el monto del castigo, eso es como quitarle un pelo a un gato. Sin embargo, a Leder Correa Cobo, el campesino hambriento de Argelia (Cauca) que en el 2012 se hizo famoso por robarse un caldo de gallina de un supermercado de Cali, sí le caería "todo el peso de la ley" y, si no es por la bulla que se hizo en los medios, estaría tras las rejas purgando una pena de seis años.

La excusa es que para la ley, robo es robo, sin importar el monto. Así es el sistema. Pero para las masacres, las amenazas de muerte y otras atrocidades las cosas pueden variar según el ciudadano. Ya entiendo porque la RAE cambió la definición de la palabra "pena". Antes, cuando usted consultaba su diccionario en internet salía como primera definición "Castigo impuesto conforme a la ley por los jueces o tribunales a los responsables de un delito o falta", pero el artículo fue enmendado. Ahora sale: "Sentimiento grande de tristeza".