El Informe sobre Desarrollo Humano presentado el año pasado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) ubicó a Colombia en el puesto 98, entre 168, de la lista. Estamos atrasados en desarrollo humano y somos un país donde campea la desigualdad.

La paz, sin duda, ayudará a que esto cambie. Pero todavía estamos lejos de ese objetivo, por más propaganda que nos quiera vender el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc desde Cuba. La realidad es que somos un país sin infraestructura: Tres camioneros atraviesan sus mulas en la vía y dejan de llegar insumos agrícolas a la mitad del país. No tenemos vías: Un derrumbe en Letras y un camión varado en La Línea, y Bogotá queda desconectado con el occidente del país. No tenemos educación de calidad: El año pasado fuimos últimos en el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (pruebas PISA). Sin un sistema de salud eficiente: Según los analistas, las EPS deben a los hospitales alrededor de 38 billones de pesos. Y ahora, sin justicia.

El reciente escándalo de la Corte Constitucional es solo uno más de los muchos que hemos visto anteriormente. Si esta corte está corrompida, ¿qué se puede esperar del resto del sistema judicial? Magistrados que se reúnen con abogados y lobistas para fallar tutelas a favor de alguien y no en derecho. Pagos millonarios para influenciar decisiones. Magistrados grabando conversaciones a escondidas para salpicar a sus compañeros. Egos inmensos como el del presidente de la corte Jorge Pretelt Chaljub, que en vez de dar un paso al costado prefiere seguir hundiendo con sus escándalos el poco prestigio que le queda a esa institución.

Y uno los mira atónito en los medios, enredados en sus versiones para justificar que violaron las normas que les prohíben a los magistrados reunirse con abogados involucrados en procesos que se llevan en la Corte Constitucional. ¿Esos son los encargados de velar por la integridad y la supremacía de la Constitución?

Por eso no sorprende que los fallos judiciales en Colombia parezcan decidirse con el lanzamiento de una moneda o según el genio con el que se levante el juez. Esta semana condenaron al comandante del Cuerpo de Bomberos de Manizales, el mayor Carlos Alberto Marín Gómez, a 32 meses de prisión por el delito de peculado por apropiación. Él creyó que un televisor que le dieron a la institución era para él y se lo llevó para la casa. Luego, ante los señalamientos, devolvió el equipo de 32 pulgadas. Igual, el pecado ya estaba hecho. Para muchos el castigo es excesivo.

El artículo 133 del Código Penal establece entre seis y quince años de prisión para quien cometa este delito. "Si lo apropiado no supera un valor de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, dicha pena se disminuirá de la mitad (1/2) a las tres cuartas (3/4) partes. Si lo apropiado supera un valor de doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, dicha pena se aumentará hasta en la mitad (1/2)". Siendo así, el juez falló de manera justa.

Sin embargo, cuesta creer que al mayor Marín lo echen en el mismo costal que a, por ejemplo, Camilo Bula. El exfiscal antimafia de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) entregó bienes incautados a los narcos por 26.551 millones de pesos, cuando estaban avaluados en $58.470 millones. O sea, un detrimento de $31.550 millones. Para colmo de males, cobró comisiones que sumadas alcanzaron los $327 millones, dinero que jamás devolvió. Le dieron una pena de ocho años, le rebajaron cuatro y el próximo año podrá pedir casa por cárcel. El televisor de Marín, creo, no llegaba a los $500 mil.

Dura lex, sed lex. Así es la ley... ¿o no? Para ello también existe el principio de proporcionalidad, que responde a la idea de evitar una utilización desmedida de las sanciones. En Colombia, sin embargo, el rasero con el que se castiga carece de proporcionalidad.

A la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, la tienen asustada con que le van a meter 20 años de cárcel por lo de las chuzadas. Por espionaje. Mientras tanto, Freddy Rendón Herrera, el excomandante del bloque Elmer Cárdenas de las Auc y más conocido con el alias del Alemán, saldrá libre este martes. Fue condenado por 51 homicidios, 21 secuestros agravados, 16 desplazamientos forzados, cinco torturas en persona protegida y cinco desapariciones forzadas. No estuvo más de diez años tras las rejas gracias a la Ley 1592 de 2012 que reformó la Ley de Justicia y Paz, y que dará impunidad a estos terroristas (la misma impunidad que Álvaro Uribe, promotor de esa Ley, no quiere con la guerrilla de las Farc).

Mientras no exista proporción en el rasero de la justicia, seguiremos muy lejos de los índices positivos de Desarrollo Humano. Y seguiremos viendo a personajes como el magistrado Pretelt, a los estafadores de Interbolsa, y demás ladrones de cuello blanco, pasarse la justicia por la faja.