Cuando Chavela Vargas le cantaba a la muerte en el tema La Llorona, remataba la canción diciéndole, implorándole, "¿qué más quieres? ¡Quieres más!". No bastaba que le diera la vida, la muerte pedía más. Era, obviamente, una muerte colombiana.
A los infames carteles del azúcar, del papel higiénico, de los cuadernos, de las pensiones, del cemento, de los pañales, de las subastas ganaderas, de la seguridad privada, del arroz, de la salud, de la alimentación escolar... se suma el cartel de la hemofilia. Esta semana la Contraloría General denunció una serie de recobros irregulares a dos Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS) en Córdoba, que al parecer son responsables de un detrimento al erario de 44 mil 812 millones de pesos a punta de pacientes hemofílicos inexistentes.
Y resulta que esas instituciones encargadas de prestarle salud a los ciudadanos (Unidos por su Bienestar SAS y San José de la Sabana SAS), serían de papel y pertenecientes a personas allegadas al exgobernador cordobés Alejandro Lyons Muskus. Quien es, a propósito, amigo del senador Bernardo 'el Ñoño' Elías, que jura no conocer la situación, pero es famoso por ser un voraz consumidor de la mermelada estatal.
Esto obligó a que el Gobierno Nacional congelara desde el pasado jueves el dinero que iba para la salud en Córdoba. Transferencias que, según la cartera de Hacienda, debían ser destinadas "a la población pobre no vinculada con subsidio a la demanda y actividades no POS". O sea, los pobres son los más afectados con esta decisión.
Dice el portal lasillavacia.com que Córdoba es "uno de los departamentos con más senadores per cápita y mayor inversión de Colombia (aunque paradójicamente es de los más pobres)" (bit.ly/1w2PB5k). Qué contrariedad: Son los ricos los que roban y los pobres, los castigados.
Para colmo de males, son esos mismos ricos los que nos dicen que no hay plata. Por ejemplo, el año pasado el presidente Juan Manuel Santos les pidió austeridad a sus ministros. Les pidió a todos los entes del gobierno que se apretaran el cinturón. Y el salario mínimo se decretó por lo bajo, el 7%, que porque la economía nacional estaba mal y que con eso era suficiente. Sin embargo, seis meses después del Congreso nos llega la noticia que los parlamentarios se había subido el sueldo en 7,77% ¡y retroactivo a enero! O sea, ahora nuestros senadores se ganan 27 millones 929 mil pesos mensuales, y esta quincena les llegará gordita: cercana a los 40 palos.
El representante caldense Arturo Yepes salió en las noticias a defender ese salario. Dijo que debe ser así pues evitan caer en tentaciones o en actos de corrupción. Una mentira tan grande como una catedral, porque si algo han demostrado nuestros legisladores es que su voracidad es infinita. Un claro ejemplo es que desde que entró a regir la Constitución de 1991, los congresistas pasaron de recibir $714.665 a $27.929.064 en estos 25 años. O sea, un incremento de 27 millones 214 mil pesos. El asalariado, por su parte, pasó de ganarse $51.716 a $689.454. O sea, un aumento de 638 mil pesos en el mismo lapso.
Otro ejemplo es el caso de los congresistas involucrados en millonarios casos de tierras de las que se apropiaron gracias a la injerencia de sus amigos paramilitares. O los de las propiedades de narcotraficantes que debieron ir a extinción de dominio, pero por arte de birlibirloque la Dirección Nacional de Estupefacientes se las cedió. O los de Agro Ingreso Seguro. O los que usaron carros del Estado - que les seguimos pagando - en los que mueven millones de las Bacrim. O los que tienen iglesias de garaje que recaudan millones. O los que tienen familiares y allegados en EPS o IPS.
En este país, cuanto más miserable, más castigado. Hasta la salud de los hemofílicos la ferian en carteles. Y si el paciente se muere, su cédula servirá para ponerlo a votar en las próximas elecciones. Sí, la Llorona de Chavela era colombiana y dedicada a la política, porque hasta después de muertos nos pide más.