El baño de la ducha de mi habitación tiene una pequeña ventana que da al jardín de la casa. Mientras me ducho puedo ver el guayacán que allí crece, las flores, pájaros, algún gato que cruza y la eventual zarigüeya que se alimenta del palo de feijoas. Cuando hace mucho frío y está lloviendo por ahí se escapa el vapor del agua caliente como si fuera una chimenea. 
Es un placer… hasta que aparece el vecino, y curioso guinda a ver si pilla algo. Entonces me toca esconderme en la ducha o cerrar la ventanilla. Sí, un vecino que no conozco pero cuya puerta de la casa está a unos 20 metros de mi ducha. Y como hay un pronunciado desnivel, no hay malla, seto o árbol que le impida mirar hacia esa ventana.
Mi vecino vive en Santa María del Camino, el conjunto cerrado que tiene diez casas en medio de un pleito legal en el que la Sala Civil de Familia del Tribunal Superior le ordenó a la Alcaldía demoler las propiedades. Esto porque quien las edificó, el ingeniero Gustavo Castaño Loaiza, se pasó por la faja las normas y las construyó pegadas del conjunto cerrado Arboletes.
Es un lío angustiante y complicado, incluso para el incómodo de mi vecino. Es posible que no supieran de la ilegalidad de la construcción de sus casas y fueron víctimas de un constructor abusivo que - y de esto puedo dar fe - mandaba obreros a pegar ladrillos a pesar de no tener permisos para ello. La construcción de esas viviendas se tardó más de lo normal por las constantes denuncias de la gente de Arboletes y Colina Campestre. 
La evidencia de que allí las cosas se hacían manga por hombro, sin una curaduría atenta, está en que empezaron a construir un salón social (y ya sabemos lo bullosos que pueden ser estos sitios) sin respetar las normas de límites entre conjuntos cerrados. La estructura, que quedó en obra negra porque se demandó a tiempo, queda pegada de la malla de los conjuntos lindantes.
Insisto: es un lío en el que pierde mucha gente. Como lo señaló el psiquiatra Germán Andrés Valencia Franco, uno de los inquilinos de las casas amenazadas, en la petición que montó en la plataforma mundial “para el cambio social” change.org: “demoler es echar al suelo nuestros sueños”. Pero no hacerlo es dar pie a la ilegalidad y a que los constructores sigan haciendo lo que les venga en gana sin el mayor rubor.
El 21 de diciembre de 1993, 30 casas fueron sepultadas por un derrumbe en el barrio La Carolita de Manizales. Cinco personas murieron. El motivo: un urbanizador - motivado más por la plata y el apoyo político - las construyó depredando la montaña (que se vino sobre ellas) y sobre un relleno inestable pues por debajo pasaba una quebrada sin canalizar. El 4 de diciembre de 2003, un derrumbe se vino sobre doce casas del barrio La Sultana y acabó con la vida de 16 personas. El motivo: la constructora La Palma edificó un condominio en una zona de amortiguación, debilitando la montaña que solo requirió de lluvia para que se desmoronara. Tanto la empresa como la Alcaldía y Corpocaldas (por no estar pendientes de las obras) tuvieron que indemnizar a las familias de las víctimas.
Y el 12 de octubre del 2013, una torre de 23 pisos del conjunto residencial Space, en Medellín, se vino abajo. Doce personas murieron, pues casi toda la edificación la evacuaron a tiempo. El motivo: falla estructural en sus columnas, pues los ingenieros no usaron los materiales adecuados.
Esta semana la Procuraduría destituyó al Curador Primero de Medellín, Carlos Alberto Ruiz, por aprobar las licencias para la construcción del edificio Space. O sea, por no hacer bien su trabajo. Por no verificar que todo estuviera en orden. Por facilitar “el incumplimiento de las normas obligatorias de sismoresistencia en el diseño y construcción del edificio” (sic), dice el fallo.
Con Santa María del Camino ocurre lo mismo, no hubo curaduría. Además, los bancos prestaron la plata al constructor y a los compradores de las casas sin verificar si las obras estaban en regla. Y las notarías sellaron y firmaron las escrituras de esas viviendas mal construidas. Y las autoridades locales nunca se mosquearon, ni siquiera ahora, para buscar al ingeniero Gustavo Loaiza, quien tiene una multa de $160 millones.
A Santa María del Camino la construyeron donde antes había monte y unos árboles creciendo. Un lotecito que servía de frontera entre otros dos condominios. Ahí estaba la madriguera de la zarigüeya y ahora es el nido de una chucha con título de ingeniero, que tiene afectadas a diez familias y a otras más de los conjuntos aledaños. 
Mientras tanto yo sigo con el vecino entre la ducha.