Si pensábamos que el impacto de la microalza del 7% del salario mínimo había noqueado nuestros bolsillos, el Gobierno nos tenía más de una noticia para fulminarlo del todo. Comenzó con la inflación promedio para el año 2015, que fue de 6,77%. Luego siguió con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para los hogares con menores ingresos, que fue del 7,26%. O sea, 0,26% más que el alza del salario mínimo.
Como si se tratara de un boxeador que se divierte moliendo a golpes a un rival apocado, nos lanzó una serie de jabs al rostro anunciando el aumento del IVA al 19%, y poner un impuesto del 5% a productos de la canasta familiar como cuadernos, huevos, carne y pollo. También gravar a los productos tecnológicos. Con las narices rotas y el ojo hinchado, recibimos un gancho al hígado con el anuncio del ministerio de Transporte de modificar las tablas para el pago de impuestos de vehículos, de modo que el avalúo de los carros usados se incrementaba (en algunos casos hasta en un 300%).
El alza en el transporte público, los peajes y los arriendos nos golpean en los brazos. Sabíamos que venían, pero duelen.
Entonces llega un cabezazo ilegal que nos rompe la ceja: mantener el 4x1.000, un impuesto que nos dejamos meter los colombianos hace 18 años que porque era una medida temporal. Un chichón que en vez de reducirse con el tiempo se ha incrementado, pues nació como el 2x1.000.
Y llega el golpe bajo: la declaración de renta para los trabajadores que ganen más de dos salario mínimos (cerca de 1'800.000 pesos).
¿Qué hicimos para merecer tanto castigo? Pues todo. Nos engolosinamos con el cuento de la paz y pasamos por alto todas las alarmas que nos indicaban que íbamos de culos pa'l estanco. Y el Gobierno, pésimo administrador de recursos (como lo mencioné en este mismo espacio la semana pasada), no hizo nada para prever una posible crisis financiera.
En tiempos en los que el petróleo estaba boyante y el barril de crudo alcanzó los 110 dólares, el Estado no aprovechó para diversificar. Tampoco sacó provecho del dólar barato y, por el contrario, se dedicó a defender los intereses de unos pocos exportadores (floricultores, más que todo). Era el momento para haber invertido en desarrollo tecnológico, en otras fuentes energéticas y alternativas (eólicas, térmicas o solares), como lo han hecho los saudíes, que saben que el petróleo es un recurso natural limitado y que sus yacimientos se acabarán tarde o temprano.
Pero la ambición por el petróleo los llevó a pensar en explorar yacimientos con el antiecológico método del fracking, cuando lo lógico era invertir en la protección de los recursos naturales. No lo hicieron. Y en vez de ahorrar se pusieron a desarrollar vías 4G, a regalar casas, a hacer propaganda de que las cosas marchan divinamente. Todo lo anterior comprometiendo vigencias futuras.
Hoy tenemos el barril del petróleo en 31 dólares (y los analistas dicen que podría bajar a los 25 dólares), con el peso devaluado y la moneda estadounidense por las nubes. El hueco fiscal es enorme y, en la mañana de ayer, el exdirector del Dane, Jorge Bustamante, habló para La W radio para preocuparnos más. Dijo que de seguir como vamos - gastando más de lo que se tiene - el presidente Juan Manuel Santos estaría comprometiendo los recursos de los próximos diez gobiernos. O sea, 40 años de un país estancado y quebrado.
Santos y sus ministros podrán echarle la culpa de la crisis al Fenómeno del Niño, a la oposición, al Estado Islámico, a la Fifa, a la Opep, a Steve Harvey, al que sea. Pero la responsabilidad es de ellos. Pero para almibarar las cosas y para que el panorama no sea tan oscuro, veremos cómo usarán, una vez más, el discurso de que tan pronto se firme la paz regresará la inversión y todo será mejor. Pura carreta demagógica, porque la pela será dura, con paz o sin ella.
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