La excontralora Sandra Morelli siempre fue clara al respecto de las instalaciones físicas del edificio asignado por el Gobierno para que allí funcione la Contraloría: El sitio estaba podrido y no era apto para trabajar. En diferentes entrevistas dijo que los ascensores no funcionaban. Las instalaciones eléctricas estaban deterioradas y no garantizaban el correcto funcionamiento de los servidores donde se almacenan datos, archivos y procesos importantes para los intereses de la Nación. Donde los baños estaban deteriorados. Que tiene goteras... Por eso, afirmó la entonces Contralora, firmó un contrato de alquiler en otro lugar más moderno y cómodo para trabajar.
Entonces viene la historia que ya conocemos: el Fiscal General, Eduardo Montealegre, motivado por el ajuste de cuentas de rencillas personales con Morelli y no por la razón, le abrió un proceso por detrimento patrimonial. Según él, la Contraloría debía estar en ese sitio picho y no en donde funcionó hasta la medianoche del 31 de diciembre de 2014, fecha en la que terminó el contrato de alquiler.
La noticia del desalojo de la Contraloría se coló -en medio de las imágenes de cómo celebraban el Año Nuevo en Nueva York, Sidney o en una mortal estampida en Hong Kong- en los noticieros del 1° de enero. Funcionarios metiendo sus cositas en cajas de cartón, personal de sistemas preocupados por cómo van a mover los enormes servidores, el dueño del inmueble diciendo que o le firman otro contrato y le pagan la renta o se van… como hacía el señor Barriga en la vecindad del Chavo. Y, el actual contralor, Edgardo Maya, como el don Ramón de la vecindad del Chavo, se esconde para evadir responsabilidades. Manda mensajitos con sus chilindrinas (o chilindrines).
Morelli, por su parte, huyó del país acosada por el Fiscal. Tal y como lo han hecho otros funcionarios públicos que, dudando de las garantías para tener un proceso justo, prefieren irse de Colombia y responder desde otras latitudes. El tiempo y las circunstancias le están dando la razón a la excontralora.
El Estado, por su parte, no se mosquea por esto. Así como tampoco se preocupó porque la justicia estuvo dos meses en paro a finales del año pasado y luego salió a vacancia, dejando miles de casos judiciales en el limbo. Y nadie responde. Que las estructuras estatales, hasta las físicas (como el edificio de la Contraloría), se deterioren. Se pudran.
Si las cabañuelas, esa creencia que indica que los primeros días de enero serán un reflejo de cómo transcurrirá el resto de año, son ciertas, en Colombia deberíamos preocuparnos. Nos espera un 2015 donde los entes de control y justicia estarán ausentes. Y el Gobierno estará más concentrado en aceitar su maquinaria y repartir mermelada, para que las elecciones de alcaldes y gobernadores sirvan a sus intereses.
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