Aunque soy lego en la materia, pienso como muchos de mis conciudadanos que a la justicia de nuestro país hay que meterle mano, ¡pero ya! Y aunque hablan de reformas urgentes, de equilibrio de poderes, comisiones de aforados, ‘supercortes’ y demás perendengues, lo cierto es que los colombianos vemos a diario ejemplos de una justicia ineficaz y amañada. Con el agravante que la mayor podredumbre está en el gajo de arriba, donde los magistrados de las altas cortes dan mucho de qué hablar. 
Sin duda el peor pecado de la justicia es que sus mayores representantes son nombrados por el Congreso, hecho que se presta para que éstos sean ‘manguianchos’ al momento de juzgar a quienes los eligieron; entre bomberos no se pisan la manguera. Entonces quien aspire a formar parte de una alta corte no requiere ser reconocido como ciudadano ejemplar, ni presentar una hoja de vida inmaculada, sino que le basta con hacer lobby político para conseguir el apoyo necesario que le asegure la coloca. 
Preocupa saber que en nuestro medio la meritocracia no tiene cabida y que si así funcionan las cosas en las altas esferas, qué podemos esperar del juez raso que despacha en un juzgado municipal; lo injusto es que en todos los niveles de la justicia hay funcionarios honestos y comprometidos, pero están estigmatizados por una mala fama que ya hizo carrera. En todo caso más allá del elemento humano, nuestro código penal genera unos dictámenes que muchas veces nos dejan estupefactos y definitivamente enfurecidos. 
Con esta modita que cogieron ahora los noticieros de televisión de presentar videos donde quedan registrados robos, asesinatos, asaltos y demás delitos, modalidad repudiada por muchos televidentes, no dejan de ser efectivos para que las autoridades adquieran pistas que pueden agilizar las investigaciones. 
El caso es que así nos enteramos, por ejemplo, de una pandilla de habitantes de la calle que en un sector de Bogotá aprovechan que un vehículo cualquiera está detenido en la congestión, para arrancarle espejos, plumillas, biseles, copas, etc., mientras el conductor y demás ocupantes miran indefensos la agresión. Luego salen caminado como si tal cosa y si alguien osa perseguirlos, lo amenazan con lanzarle bolsas llenas de excremento humano. Tras un seguimiento de varias semanas y recopilar todas las pruebas, registradas en los videos, por fin la policía detiene a los implicados y los presenta ante las cámaras de televisión. Los ciudadanos de bien celebramos el hecho, pero cuál sería nuestra frustración al enterarnos de que un juez dejó en libertad a esos apaches, dizque porque no representan un peligro para la sociedad. ¡Háganme el favor! 
En Cali registran las cámaras de seguridad a una banda de travestis que todas las noches, en la misma cuadra, atracan a los transeúntes y les quitan celulares, dinero, joyas y demás objetos de valor, y quien se resista es agredido con navajas. Cuando ya la policía los tiene identificados y sabe dónde guardan el botín, proceden a detenerlos. Pues los desadaptados alegan que son comunidad protegida y que como mujeres solo pueden ser requisadas por una mujer policía. Hasta ahí llegó el impulso porque no había personal femenino de la institución a la mano y por lo tanto tuvieron que soltar a semejantes delincuentes. 
Muy cierta es la opinión popular que la justicia es para los de ruana, porque está comprobado que ricos y poderosos tienen privilegios al momento de ser juzgados. Mientras tanto las cárceles están abarrotadas de ciudadanos que son ‘un peligro para la sociedad’ porque le tocaron la nalga a una mujer o se robaron un caldo Maggie. Realismo mágico.