Históricas han sido las críticas al sistema educativo en Colombia. Las preocupaciones, las quejas y los lamentos que se escuchan sobre la calidad de la educación en Colombia no son nuevos, recurrentemente periodistas, empresarios, comerciantes, industriales, gobernantes, políticos, académicos y la comunidad educativa han hecho y hacen público su descontento con la calidad de la educación, especialmente la del sector oficial.

En los inicios de la década del 2000, en el gobierno de Pastrana se materializó un punto de quiebre en la política educativa. El gobierno con el apoyo del Congreso le apostó al rediseño de las políticas educativas, anunciando un nuevo amanecer colmado de esperanzas para las escuelas de Colombia. Como las cifras internacionales revelan a la carrera docente como eje central de una buena política educativa, focalizó sus esfuerzos en entregar un nuevo estatuto de la profesión que permitiera el ingreso de los mejores a través de un concurso meritocrático, una escala salarial que dignificara la profesión docente, y un sistema de evaluación de desempeño que posibilitara el retiro de aquellos que habiendo alcanzado méritos para el acceso, resultaran con desempeños laborales insatisfactorios.

Pues bien, hablo del decreto ley 1278 que se constituyó en la estrategia mesiánica que el gobierno de entonces diseñó para salvar la educación de la profunda crisis por la que atravesaba. Pero vale la pena recordar cuáles eran esos aspectos sintomáticos que revelaban el crítico estado en la salud del sistema educativo en Colombia: Bajos resultados en pruebas externas, altos índices de repitencia escolar, deficiencias en la práctica docente, deserción escolar, bajas coberturas en preescolar y educación media, y bajo el índice de acceso a la educación superior.

Posteriormente, en el año 2001, nos inician el tratamiento con la Ley 715, y en el 2002 arranca la posología con el 1278. Trece años después, ¿qué ha sucedido?, ¿qué tan efectivo ha sido el tratamiento?, ¿han desaparecido los síntomas?, ¿este paciente se salvó?, ¿sí era esa la enfermedad?

Desde hace algunos años venimos insistiendo en que ya es hora de evaluar los efectos de la aplicación de la Ley 715 en Colombia, hoy ratificamos que ese examen sigue pendiente. Al honorable senador Velasco (ponente de esa iniciativa), quien sigue en el parlamento, y a los que apoyaron este acto legislativo, los invitamos a propiciar el debate político que con urgencia reclama el país.

A los interrogantes descritos sobra responder que seguimos igual, poco o nada ha cambiado. Bueno, podría uno aceptar y reconocer que se ha mejorado algo la cobertura en preescolar y media, pero los demás síntomas siguen vigentes, el paciente sigue igual, el tratamiento fue inocuo.

Veamos lo que pasa con la carrera docente. Hoy tenemos docentes del nuevo régimen (1278) y del antiguo (2277); se han incorporado en esta década aproximadamente 130.000 maestros nuevos, algo así como el 40% de la planta docente se ha renovado. Si esta fuese la solución, con estas proporciones ya se habrían visto cambios importantes en la educación, y claro nos queda que eso no ha sucedido. En ambos regímenes hay docentes con excelentes desempeños que honran su vocación, y también en ambos estatutos hay docentes y directivos que con sus prácticas yerran su oficio y se convierten en una negación absoluta de la vocación docente. Aún más, me atrevería a decir que para la escuela ha sido más funesto el nuevo régimen que el antiguo, por lo menos en el anterior se establecía como condición de acceso la formación pedagógica de una escuela normal, la licenciatura en educación o los posgrados en disciplinas afines a la educación.

Hoy llegan a la escuela profesionales de diversas disciplinas sin formación pedagógica, sin vocación de maestro, sin que su proyecto de vida anide en los amorosos jardines de la escuela. No se trata de atacar un régimen y defender al otro, digo que el nuevo régimen no ha sido la solución mesiánica de la carrera docente, como se vociferó por aquellas calendas de su expedición, entre otras cosas porque sus primeros beneficiarios (docentes y directivos del 1278) son ahora sus principales detractores, sencillamente porque son quienes padecen las consecuencias de su inequidad e injusticia. La pregunta es entonces, ¿si transcurridos 13 años no nos hemos dado cuenta que esa no es la vía, cuántas generaciones tendrán que pasar para buscar mejores rumbos?