Hoy inicia sus actividades el Congreso de la República que sesionará por los próximos cuatro años, Corporación responsable de garantizar el crecimiento de la Patria y el desarrollo con equidad para la búsqueda de la felicidad de sus habitantes. Por tanto, los intereses y expectativas de este nuevo Congreso deben concretarse en ese objetivo. En resumen, somos servidores de nuestros electores, quienes nos han delegado para que representemos sus intereses en pos del cumplimiento de los derroteros señalados en la Constitución, que siempre han de estar orientados a la generación y mantenimiento del orden justo, presupuesto imprescindible de la convivencia pacífica.

Por tanto, una de las tareas prioritarias de este nuevo Congreso, es ordenar la casa y precisar los alcances de los Poderes Públicos, tanto de las ramas como de los organismos de control, y de sus frenos y contrapesos, maltrechos por el abuso de una arquitectura que debe ser refaccionada urgentemente. Es imperativo recobrar para el ciudadano el poder supremo del sufragio universal, en cada una de las decisiones que adopte la Nación.

Invito, honorables congresistas, a actuar con ponderación en la presentación de proyectos de ley. La racionalización legislativa tendrá que ser presupuesto de nuestras funciones congresionales. A entender que en sentido amplio nuestra función, no solo se limita a expedir normas, sino también, a la guarda celosa de la constitución y la ley. En síntesis a la garantía de la seguridad jurídica de los colombianos. Invito a los medios de comunicación a que no midan una legislatura por la aprobación aritmética de las leyes, sin cualificar sus atributos. Afuera el llamado populismo legislativo, ese populismo retórico, mediático, que solo genera expectativas en los colombianos y que deslegitima nuestro actuar.

Presidente: Retomemos la idea de derogar las leyes inútiles, iniciativa que tanto éxito ha generado en otras latitudes y que garantiza, sin duda, claridad jurídica para todos los colombianos.

Es una tarea pendiente, la expedición de un Estatuto de la Oposición que refleje las aspiraciones de aquellos que piensan, sienten y reaccionan diferente, de manera que tengan espacios dignos, justos y suficientes. Espacios en los cuales puedan mostrar de manera pacífica pero vigorosa, si se quiere, las reflexiones que soportan sus diferencias.

La exclusión económica debe continuar en su camino de ser eliminada por la vía de la vigencia real del Estado social. Ese que se concentra en la protección del débil de la relación económica. La obtención del orden justo pasa por todo ello, y exige una enorme generosidad de los colombianos, quienes tendremos que cultivar el perdón como ejercicio esencial en nuestras vidas, y presupuesto de una Paz estable y duradera.

La defensa de la descentralización y la autonomía territorial, debe ser un propósito de este congreso que inicia. No en vano, nuestra carta define al municipio colombiano, como la entidad principal de la estructura política del Estado. Es imperativo fortalecer institucionalmente las entidades territoriales, así como redefinir las relaciones entre el nivel central y sus descentralizados. La política rural, que sin duda será piedra angular en este cuatrienio, pasa por entender la relevancia de nuestras regiones.

Ese orden, que se garantiza con la justeza de las relaciones entre ciudadanos y entre ellos y el Estado, también exige la defensa de derechos como la educación y la salud. Derechos que en manera alguna pueden verse como negocio de unos sino, en todo caso, como eso, como derechos, a los que se accede por la simple condición de seres humanos. Es indiscutible que la educación es el único medio de ascenso social. Tarea esencial del Estado de bienestar en el camino de reducir la brecha económica.

Bienvenida la educación para la investigación, incluyente pero desobediente, que estimule el disenso, la controversia y la problematicidad. Único camino para que surjan nuevos enfoques y de allí planteamientos científicos.

Estamos en medio de la implementación del sistema penal acusatorio, el que solo funciona si existe una alta dosis de perdón, o de indiferencia hacia la pena, lo cual ni siquiera se ha empezado a considerar. Hoy, nos hemos empeñado en que haya tanta pena como sea posible, y que todas las conductas punibles terminen en una sentencia condenatoria. Todo esto, va en contravía de los presupuestos operativos de dicho modelo. Así pues, estamos en mora de construir un modelo de política criminal que responda a las expectativas de nuestro país. Suficientemente planificado; y que nos permita salir de la actual situación, en la que no sabemos si la cantidad de ciudadanos que tenemos privados de la libertad, representa verdaderamente un sistema judicial funcionando. O, por el contrario, la evidencia de nuestra improvisación en esta materia. Eh ahí, un claro ejemplo de los estragos del populismo punitivo.

* Apartes del discurso de instalación del Congreso de la República de Colombia, el pasado 20 de julio.