El viernes pasado el Banco Interamericano de Desarrollo presentó en la Universidad de los Andes su informe bandera "¿Cómo repensar el desarrollo productivo? Políticas e instituciones sólidas para la transformación productiva". Después de la presentación del informe, Guillermo Perry moderó un panel donde se exploró la aplicación de estas ideas al caso colombiano.

El informe del BID parte de la historia de las políticas industriales de los años 60 ensayadas por muchos países en desarrollo, que lejos de haber generado procesos sostenibles de desarrollo, cayeron víctimas de problemas de economía política hoy bien diagnosticados: captura de rentas, lobby, politización, ineficiencias, rezagos en transformación productiva. En respuesta a estas políticas, surgieron las políticas del llamado Consenso de Washington que buscaba subsanar muchos de los errores de las políticas industriales basadas en proteccionismo y esquemas de sustitución de importaciones con una agenda transversal que enfatizaba la estabilidad macroeconómica, redireccionamiento del gasto público hacia bienes públicos transversales, liberalización del comercio, y en general, menor intervención en sectores.

El documento del BID busca mecanismos para recuperar la agenda microeconómica evitando los errores que se cometieron en el pasado. El argumento básico es que la existencia de fallas de mercado -resultados que son deseables pero que no estamos observando- justifica ciertas intervenciones de gobierno. Sin embargo, la existencia de estas fallas de mercado no es suficiente para justificar intervenciones de política pública. Adicionalmente, hay que diseñar instrumentos de política que resuelvan la falla y hay que tener la institucionalidad necesaria para ejecutar la política sin ser víctima de los problemas de captura clásicos de las políticas de intervención a nivel micro.

El informe del BID aplica estos tres raseros, junto con una útil taxonomía de políticas públicas según su naturaleza transversal o sectorial, y si interviene en mercados o provee insumos públicos, a una variedad de temas. El libro incluye la aplicación del marco conceptual a temas de innovación, emprendimiento, capital humano, mercado de capitales, política de aglomeraciones empresariales, comercio internacional, y el espinoso tema de la focalización y la priorización de sectores.

El equipo del BID, en su periplo por Latinoamérica, destacó lo avanzado que está el debate en Colombia, donde tenemos una institucionalidad para la coordinación y la implementación de la agenda de competitividad en general, y la agenda de desarrollo productivo en el Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación. Dentro de este sistema de diálogo estructurado público-privado, se destaca el papel que han jugado el Consejo Privado de Competitividad y Confecámaras como interlocutores privados del gobierno. No solo representan una de las hélices fundamentales del sistema de articulación gobierno-empresas-academia, sino que garantizan la continuidad de la agenda sin importar los vaivenes políticos del momento.

El informe del BID llega en excelente momento. La coyuntura de desaceleración debida al choque de términos de intercambio producto de la caída de los precios del petróleo requiere una labor cada vez más efectiva tanto en la agenda transversal, como en la agenda microeconómica de solución de fallas de mercado. Las políticas del Consenso de Washington fueron necesarias, y abarcan mucho de lo que entra en la agenda transversal con la que aún no hemos cumplido. Sin los avances del Consenso de Washington, empezando por la estabilidad macroeconómica y la apertura de mercados, no podríamos estar dando estas discusiones. Pero es hora de dar un empujón adicional, y el informe debe dar luces sobre la mejor forma de implementar esta ambiciosa agenda sin caer en los problemas de la vieja política industrial y garantizando mantener y aumentar las tasas de crecimiento que necesitamos para salir de la trampa de ingresos medios y seguir en la senda del desarrollo de largo plazo.