Los problemas económicos y sociales son complejos. Equivocadamente, solemos creer que problemas complejos requieren soluciones complejas. En política económica y políticas públicas caemos con frecuencia en este error. Lars Hansen, profesor de economía de la Universidad de Chicago y premio Nobel de economía, se ha dedicado durante años a estudiar el efecto de la incertidumbre en la práctica de la economía; la incertidumbre sobre el modelo, la incertidumbre asociada al riesgo y a distribuciones de probabilidad asociada a eventos en un modelo. La incertidumbre en muchas manifestaciones.
Hansen menciona dos tipos de incertidumbre relacionadas a la práctica de la política económica: la incertidumbre que está por fuera de modelos econométricos estructurales, y la incertidumbre sobre el resultado de interacciones de hacedores de política y el sector privado interactuando simultáneamente en un entorno de incertidumbre. Las lecciones que deriva Hansen, en particular para temas de regulación financiera, son: primero, que un conocimiento acotado e incompleto de fenómenos complejos puede ser mala guía de política; y segundo, que problemas complejos no requieren soluciones complejas.
Estos principios los podemos aplicar a muchas áreas de la política económica donde el gobierno percibe una problemática con la asignación de mercado, e intenta modificarla con intervenciones y restricciones. Por ejemplo, se concluye que la distribución de ingreso es inequitativa y que hay razones (buenas o malas) para modificar esa distribución. Se decide usar el sistema tributario como mecanismo de redistribución con impuestos progresivos, incluyendo impuestos sobre el patrimonio que deben pagar individuos y empresas. Como complemento se crean sistemas de subsidios con ciertas condiciones de elegibilidad determinadas por nivel de ingreso, de manera que se pierde el subsidio una vez se superan ciertos umbrales.
En general, los impuestos progresivos penalizan las actividades que generan los altos ingresos: la formación de capital humano (inversión en educación), la acumulación de capital físico complementario al trabajo, la cantidad y calidad del trabajo. El impuesto al patrimonio, adicionalmente, es un impuesto que se paga muchas veces sobre la misma riqueza; penaliza la acumulación y el ahorro; desincentiva la inversión empresarial; penaliza sectores intensivos en tierra (agro) y en bienes inmuebles (comercio); genera incentivos perversos como transferencias de inmuebles a acciones y sobreendeudamiento para reducir patrimonio estratégicamente.
Los subsidios condicionados, por su parte, crean impuestos marginales implícitos altísimos para bajos ingresos. Lograr aumentos en los ingresos puede significar sacrificar un subsidio generoso. Tomar el tipo de decisiones que conllevan un aumento del ingreso -como la capacitación, la búsqueda más intensiva de mejores oportunidades de trabajo, aumentar horas trabajadas y el esfuerzo ejercido- se vuelve más costoso. El subsidio para niveles bajos de ingreso lleva a una serie de incentivos perversos en el mercado laboral y educativo.
Además de los incentivos perversos mencionados, un sistema complejo de impuestos y subsidios crea incentivos para invertir tiempo y energía en evasión y elusión de impuestos y en conservar elegibilidad para los subsidios por parte de individuos. Por el lado de las autoridades, se aumenta la necesidad de gastar recursos en descubrir y castigar al que hace la trampa o en reformar los sistemas constantemente para resolver las prácticas legales que le hacen el quite a la norma.
Problemáticas similares se pueden presentar en la política comercial, en la política de desarrollo productivo y en muchas otras. La densa madeja de intervenciones, regulaciones, leyes y normas, más que la ausencia de políticas públicas, es uno de los principales factores desacelerando el desarrollo y la transformación productiva del país. Urge un ejercicio de simplificación.
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