El avance de la agenda comercial del país es uno de los grandes logros del gobierno que termina y de las últimas dos décadas de política económica. Sin embargo, es una agenda que hay que proteger, consolidar y articular con el resto de la agenda de desarrollo productivo. El Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Santos II es una oportunidad de lograr ambos objetivos, en particular para el sector agrícola y el industrial, pero también para el de servicios, sin ceder a presiones de grupos proteccionistas que acompañan su clamor por la interrupción de la agenda de inserción de la economía colombiana en el mercado global con justificaciones de tipo social, como la defensa del ingreso de los más pobres o la defensa del empleo y de la industria. A pesar de que la protección de la que gozan algunos sectores agrícolas y algunos sectores industriales no solo es ineficiente sino que también es inequitativa, regresiva, anti-pobre y anti-industria, existen instrumentos de política comercial dentro del marco de la liberalización comercial que pueden ser parte de una agenda de desarrollo productivo. Tomaré dos ejemplos: el sector arrocero y el sector de la metalurgia.

El sector arrocero goza de un arancel de 80% y de una multitud de barreras no-arancelarias. Desde la crisis con la CAN de 2008 la frontera ha estado prácticamente cerrada usando como pretexto preocupaciones fitosanitarias e imponiendo medidas que han sido condenadas en repetidas ocasiones por el Tribunal Andino de Justicia y sujetas a sanción. Dentro del marco del TLC con Estados Unidos, se negoció un periodo de desgravación de 19 años, con un periodo de gracia de 6 años. Parece claro que el sector arrocero no está sujeto al "libre comercio." Es más bien cerrado. ¿Quién se beneficia de esta protección? ¿Quién paga el costo? ¿Por qué existe en primer lugar?

El efecto del arancel y otras medidas proteccionistas es aumentar el precio del arroz, disminuir el consumo y transferir excedentes de los consumidores hacia los arroceros. Las rentas así generadas se las apropia principalmente el dueño de la tierra, el factor escaso, al ser el arroz un sector poco intenso en mano de obra y más bien intenso en tierra. ¿Quiénes son los consumidores de arroz? Principalmente los hogares más pobres para quienes el arroz es fuente de 40% de sus calorías y representa una fracción importante de su canasta de consumo. En cálculos recientes de Fedesarrollo y el DNP se encontró que un aumento de 20% en el precio del arroz arrastraría a alrededor de 400.000 personas adicionales bajo la línea de pobreza y unas 100.000 bajo la línea de indigencia.

Para que este enorme costo social de la protección no sea en vano, los periodos de desgravación que se han pactado en el contexto de acuerdos comerciales deben articularse con una agenda de desarrollo productivo y la eliminación de las medidas proteccionistas deben cumplirse como se acordó. La agenda de desarrollo productivo para el campo debe regirse por estos tiempos con medidas de agenda pública que incluyan inversión en bienes públicos específicos al campo, pero que contemplen la necesidad de reestructurar y modernizar sectores que puedan competir en ausencia de protección y la posibilidad de que algunos subsectores no sean viables.

En otros sectores pasan cosas similares: el 14 de julio de 2013, Acerías Paz del Río S.A. solicitó ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo una salvaguardia general de un arancel de 35% a las importaciones de alambrón de acero. La petición de salvaguardia en el contexto de la normativa vigente sobre el tema en la OMC se sustentó en las siguientes observaciones: aumento en las importaciones de alambrón de alrededor de 55.000 toneladas a 100.000 toneladas entre el primer semestre de 2010 y el segundo semestre de 2010; disminución de partes de mercado de Acerías Paz del Río con ganancias en participación de productores de México y Trinidad y Tobago; disminución del precio coincidiendo con el aumento de importaciones; deterioro de los indicadores financieros y económicos de Acerías Paz del Río como consecuencia de esta evolución en el mercado del alambrón y la disminución del ingreso de ventas.

A pesar de los costos de esta protección para la industria, principal consumidor de alambrón como insumo intermedio de producción, y para la sociedad, el uso de salvaguardias puede ser un instrumento legítimo de política comercial y de política de desarrollo productivo. De hecho, los tratados de libre comercio y la OMC los permiten bajo ciertas condiciones. Lo importante es que se usen acompañados de medidas de modernización y reestructuración de sectores para volverlos competitivos una vez se elimine la protección. Las salvaguardias por lo tanto deben ser de naturaleza temporal y excepcional, condicionadas a compromisos y metas de inversión y de aumentos de productividad verificables. Si no se cumplen estas tres condiciones, que evitan caer en proteccionismo anti-industria y anti-pobre que perpetúan baja productividad y poco dinamismo del aparato productivo, asumiremos los costos de bienestar sin ningún beneficio. Dado que existen medidas de protección, el reto de política pública es evitar que en vez de medidas temporales encaminadas a aumentar la productividad y lograr alianzas público-privadas, las medidas se vuelvan permanentes y generadoras de rentas injustificadas para unos pocos grupos de interés.