Esta semana, la Cámara Colombiana de la Infraestructura presentó en Bogotá un estudio reciente de Marcela Meléndez sobre el Fortalecimiento de la Industria local de Ingeniería. El estudio se divide en cuatro partes: una justificación de la importancia del tema, una evaluación del sistema de compras y contratación pública, una evaluación de la política para innovación, y concluye con recomendaciones de política.

El documento es un buen ejemplo de aplicación de ideas de políticas de desarrollo productivo a un sector particular y muy importante de la economía. A pesar de caer bajo la categoría de políticas sectoriales, tiene un impacto transversal. Según los índices de competitividad del Foro Económico Mundial, Colombia ocupa un lejano 104 puesto en el pilar de infraestructura de transporte y un lugar 126 en el componente de la calidad de las carreteras. El trabajo sectorial redundará en reducción del costo-país y aumentos en la competitividad del país. El enfoque desde el fortalecimiento de las empresas y del sector propone un énfasis novedoso y prometedor para avanzar.

El documento describe los problemas clásicos de una política de desarrollo productivo aplicados al sector de la ingeniería: la necesidad de coordinación entre sector público, privado y academia, los temas de capital humano, y los asuntos de ciencia, tecnología e innovación. La necesidad de una política pública específica viene de la existencia de fallas de mercado en el sector, generadas por los beneficios sociales superiores a los beneficios privados relacionados a las obras de ingeniería, y en particular a las de infraestructura. Pero al surgir un rol activo del gobierno, surge irremediablemente la posibilidad de fallas de gobierno.

El problema de las fallas de gobierno es particularmente serio en un sector jalonado por el sistema de compra pública. El gobierno es el principal comprador de obras de ingeniería a través de mecanismos de compras públicas. Meléndez, en su segundo capítulo, hace una revisión cuidadosa de todas las fallas de gobierno generadas por incentivos perversos y efectos indeseados en el diseño del sistema de compras y contratación pública. Entre ellos, los requisitos habilitantes, como experiencia previa y capacidad financiera que implican barreras de entrada limitando la competencia; el favorecimiento a mipymes que crea incentivos perversos sobre el crecimiento de las empresas y desvía del propósito central que debería ser la calidad técnica; los puntos extras que favorecen a empresas que acrediten discapacitados en su nómina.

En la tercera parte, el trabajo documenta los bajos niveles de innovación y el funcionamiento del sistema de ciencia, tecnología e innovación. Esta sección es bastante menos específica y detallada que la primera. Y creo que la primera pone el énfasis en los aspectos donde el gobierno puede empezar a hacer una diferencia rápidamente. Un mejor diseño de los instrumentos de compras y contratación pública podría eliminar las talanqueras para el desarrollo de un sector crítico para la competitividad, y de paso, alinear incentivos y generar condiciones para que el gasto público en infraestructura tuviera efectos positivos en la innovación y el desarrollo de un sector que moviliza necesidades de formación de capacidades y empleo, investigación técnica, tecnológica y científica, y que tiene encadenamientos interesantes con otros sectores de la economía. Resolver las fallas de gobierno en este sector, y el análisis y reforma del marco regulatorio de compras públicas en Colombia sería un primer paso adelante.