A mediados del siglo XIX, las mujeres sembraron un precedente en la historia política del país, impulsando en la constituyente de Vélez (Santander) el voto femenino, lograron plasmar en la reforma constitucional, la concesión a todos los habitantes de la provincia sin distinción de sexos, el derecho al sufragio. Este hecho marcó un hito en la lucha de las mujeres por hacer presencia en la construcción del Estado colombiano.
Entre 1899 y 1903 en la Guerra de los mil días, el protagonismo de las mujeres fue fundamental, tal y como lo cita Aida Martínez en su libro "Las capitanas de los mil días" al referirse a las Juanas, aquellas valientes guerreras y acompañantes de los combatientes: "sin siquiera haber soñado con obtener derechos ciudadanos creyeron que con su fuerza de presión ayudarían a la causa, esas mujeres que de alguna manera tenían partido y bandera no permanecieron indiferentes a la tensión política del momento".
Ahora bien, en Colombia durante los años 30 la mujer era considerada una ciudadana de segunda categoría, quien debía permanecer subyugada en el anonimato sin derecho a voz ni voto. No obstante, esa fuerza femenina consciente de la grandeza de su ímpetu, emprendió una nueva lucha por rescatar su rol preponderante en los asuntos del Estado y redignificar su participación en el mismo; logrando en 1932 durante el gobierno de Olaya Herrera, el primer reconocimiento como sujeto de derechos a través de la Ley 28, concediendo a la mujer entre otros, el derecho a la educación superior y a la administración de sus bienes.
En la reforma constitucional de 1936, Alfonso López Pumarejo les otorgó el derecho de acceder a cargos públicos. Pero fue solo hasta 1954 que la Asamblea Nacional Constituyente, reconoció por unanimidad los derechos políticos de la mujer, entre ellos el derecho al sufragio que fue utilizado por primera vez en el plebiscito de 1957.
La Constitución de 1991 reconoció la igualdad entre hombres y mujeres y garantizó su efectiva participación en los niveles decisorios de la administración pública. De esta manera, la Ley Estatutaria 581 de 2000 o Ley de Cuotas, señaló que el 30% de los cargos de máximo nivel decisorio y otros niveles en la estructura de la administración pública, debían ser ocupados por mujeres.
Ahora bien, la Ley Estatutaria 1475 de 2011, consagró el principio de igualdad de género, estableciendo el 30% de participación femenina en las listas de los partidos políticos para cargos de elección popular. Además, la Ley 1434 de 2011 creó la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer en el Congreso, fomentando la participación de las mujeres en el ejercicio legislativo.
Las mujeres han contribuido notablemente en el progreso político, social y económico del país, el marco jurídico ha garantizado su participación en el ámbito gubernamental, el papel significativo que las mujeres han logrado en los escenarios políticos, sigue en aumento. No obstante, aún existen enormes dificultades para lograr una adecuada representación paritaria.
El reto que debemos asumir desde el Congreso es construir leyes que brinden mayores beneficios a las mujeres en materia de educación, vivienda, servicios públicos y empleo. Debemos garantizar que las mujeres que ocupan cargos públicos puedan tener flexibilidad en sus horarios laborales, para armonizar su vida doméstica en su rol como madres y esposas; nuestros esfuerzos deben encaminarse a lograr salarios y condiciones más justas para las mujeres, logrando que puedan acceder a una pensión de vejez con menor número de semanas cotizadas.
El verdadero reto está en lograr una mayor visibilización de la mujer en los escenarios políticos, esta labor debe ser asumida por los medios de comunicación, los gremios, los partidos políticos, los diferentes sectores productivos y sobre todo por el Estado. Vamos por buen camino, aún falta mucha historia por construir, mientras tanto, seguiré dando la batalla desde la Cámara de Representantes por dignificar el papel de la mujer y por qué no, lograr el sueño de tener en un futuro una mujer en la Presidencia de Colombia.