Ante la ineficiencia del Estado, su paquidermia, las prácticas politiqueras, los altísimos niveles de corrupción y el volumen de trámites nacieron las APP (Asociaciones Publico Privadas), mediante las cuales empresarios privados invierten sus recursos en actividades que deberían ser atendidas por el Estado, y donde generalmente reina el caos, la indolencia, el descuido y los servicios son prestados ineficientemente o, en muchas ocasiones, simplemente no se prestan.
Esta figura jurídica ha servido demasiado en una Colombia donde el Estado es inoperante y la transitoriedad de las administraciones impide trazar lineamientos empresariales de largo plazo. Cuando se constituyen las APP el panorama es diferente: al inversionista privado le interesa poner a rentar su inversión en el menor tiempo posible y por eso tanto los trabajos de implementación como las operaciones finales son rápidos y eficientes, pues saben que de su eficiencia depende la satisfacción del consumidor y, de ella, la utilidad final. En últimas, se convierte en un gana-gana donde todas las partes quedan satisfechas: el Estado, porque tiene pingües beneficios sin mayores esfuerzos ni sacrificios; el usuario (es decir: el pueblo), porque ve satisfechas sus necesidades de forma eficiente y oportuna; y el inversionista privado que, como es lógico, ve rentar su inversión de forma segura y paulatina.
Todo esto lo traigo a colación por los debates que se le han hecho en el Concejo Municipal a Servicios de Tránsito de Manizales, entidad encargada de la prestación de servicios relacionados con el sistema de tránsito de la ciudad y que ha demostrado ser eficiente y oportuna, y por ello ha sido objeto de múltiples reconocimientos de entidades nacionales que la ponen como ejemplo colombiano. Porque mientras en la gran mayoría de ciudades reina el caos en la expedición de licencias de conducción, tarjetas de propiedad, recaudos por comparendos, etc., Manizales da ejemplo en eficiencia, oportunidad y diligencia. Porque mientras hace unos cuantos años nuestras dependencias de tránsito eran una cloaca de corrupción, indolencia, desatención, caos y muerte, hoy somos vistos como paradigma en el entorno nacional.
Pero, ¿qué puede ser tan catastrófico, irregular o anómalo dentro del STM como para provocar airados ataques de algunos políticos locales? Se aduce que los porcentajes pactados en el contrato (70% para el privado y 30% para el municipio) son leoninos, injustos y hasta ilegales; y por más que se ha acudido a los entes de control y al Ministerio Público no se ha podido demostrar ilegalidad alguna; por el contrario, ha salido respaldada la entidad y su forma contractual. Pero además: si se analizan las cifras reales durante los años del contrato, los porcentajes de participación han sido diferentes: 49% para el municipio y 51% para el inversionista. Son, repito, análisis basados en las cifras y no en la subjetividad. Las matemáticas son exactas.
¿Qué hay de malo entonces? Ahí viene algo más preocupante: un apestoso tufillo de retaliaciones políticas, venganzas, envidias y ambiciones personales que desdibujan el debate. En un debate serio no caben especulaciones, suposiciones, cifras falseadas ni mentiras veladas. Y lo oscurece aún más que se quiera censurar la obtención de utilidades o ganancias por el inversionista privado. ¿Qué esperan entonces? ¿Acaso esos privados son entidades de beneficencia? ¿Qué obligación tienen de reemplazar gratis al Estado en esas funciones que no es capaz de cumplir por corrupto e ineficiente?
Satanizar así a una entidad como STM, que se ha ganado a pulso muchos reconocimientos y que es ejemplo en el entorno nacional, solo cabe en la mente de quienes ambicionan apoderarse del negocio, o de quienes pretenden, como buenos manizaleños, ver en la ruina a sus semejantes exitosos. ¡No señores! Estamos en la era de conseguir inversionistas privados para que, a través de APP, podamos ver muy pronto nuevas líneas de cable en la ciudad o realizados proyectos tan importantes como Aerocafé. Pero si lo que esperamos es que el privado invierta para que salga con las manos vacías, seguramente nos quedaremos estancados por nuestra envidia, mediocridad y ceguera financiera. No podemos mandarles el mensaje a los inversionistas privados de que serán censurados, perseguidos y condenados porque su inversión sea rentable; de seguir así estaremos condenando al fracaso todos nuestros proyectos.