El campanazo que sentimos en el traumático curso de la aprobación del nuevo Plan Nacional de Desarrollo, nos tiene que mover a reaccionar ante las intenciones del Gobierno Nacional de despojar a los departamentos de unas rentas destinadas para salud y educación, y que no serán compensadas de ninguna manera. Con el discurso errático de que los Tratados de Libre Comercio nos obligan a abrir las fronteras departamentales, el Gobierno Santos pretendió reformar la Constitución Política vía legislatura ordinaria, acabando con los monopolios rentísticos.

Aparte de la ilegalidad que reviste una reforma constitucional por fuera de los parámetros establecidos, es falso que los TLC obliguen a acabar con los monopolios departamentales. El TLC con Estados Unidos expresa claramente: "Colombia se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida en los siguientes sectores: …d) Servicios de distribución - servicios comerciales al por mayor y al por menor en los sectores en los cuales el gobierno establece un monopolio, de conformidad con el Artículo 336 de la CPC, con rentas dedicadas para el servicio público o social. A la fecha de firma de este acuerdo, Colombia tiene establecidos monopolios únicamente con respecto a licores y suertes y azar". Por su parte, en el TLC con la Unión Europea, en los artículos relacionados con este tema se expresa: "Colombia y la EU entienden que esta disposición no impide el mantenimiento y ejercicio de los monopolios de licores establecidos en Colombia".

¿Cuál será entonces la real intención del Gobierno Nacional de acabar con los monopolios rentísticos? Aquí hay un tema demasiado espinoso que en buena hora fue afrontado con entereza, disposición, argumentación y trabajo político. Hay que reconocer las productivas intervenciones del representante Mario Castaño, las cuales jugaron un importantísimo papel en las Comisiones Conjuntas y en la Plenaria de Cámara. Igualmente la ayuda parlamentaria de la ponente, Luz Adriana Moreno Marmolejo y el trabajo incesante de la administración departamental, esta vez en cabeza del gerente de la ILC, Jorge Iván Orozco Hoyos. ¡Al César lo que es del César!

Pero el resultado de esta batalla no significa que hayamos ganado la guerra. Estamos seguros de que el Gobierno Santos seguirá empeñado en despojarnos de las rentas mencionadas; de abrir las fronteras departamentales; de concentrar la producción de licores en una sola empresa (que, por supuesto, no es la nuestra); de quebrar las Licoreras de los departamentos diferentes a Antioquia; y de acabar con el equilibrio presupuestal de los departamentos que se verán agotados, deprimidos e impotentes para atender sus necesidades básicas.

Por eso tenemos que prepararnos para afrontar estos nuevos envites. Las alarmas están prendidas y nos tenemos que constituir en un solo frente para defender nuestra ILC, esta vez de las garras del Gobierno Nacional.

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Mejor noticia no pude haber recibido: después de haber tratado infructuosamente de que las autoridades se dignaran abrir alguna investigación por los desafueros cometidos por Gilberto Saffón Arango, Bruno Seidel Arango y otros personajes que se han arrogado el poder de decidir por todos los caldenses, hoy me encuentro con que el mismo Saffón ha acudido a la Fiscalía General de la Nación para que lo investigue por los hechos denunciados, y me denuncia a su vez por presuntos delitos contra la "Integridad Moral". ¡Excelente! Me parece ideal que lo que he tratado de que la Fiscalía realice de oficio y no ha dado ningún fruto, hoy sea provocado por él mismo; es decir, será en los tribunales donde podré por fin demostrar y aportar las pruebas de los actos descarados y abusivos de estos señores para que, producto de las investigaciones formales, se llame a responder a los que han venido acabando con nuestro desarrollo y progreso. Mientras tanto, que sigan posando de víctimas y lavando su "Integridad Moral" a través de titulares de prensa, pues es lo único que les queda.