Ahora que han quedado al descubierto los constantes viajes del senador Iván Cepeda a Cuba, donde se encuentran sus camaradas adelantando la farsa de La Habana, no dejan de asquear las relaciones incestuosas de nuestra justicia con la izquierda criminal.

No podemos olvidar que cualquier relación que se tenga con el crimen tiene que ser investigada a fondo, máxime si se trata de un funcionario que representa al pueblo en el Congreso de la República; y que cualquier acto de complicidad, connivencia, ayuda, colaboración o complacencia de los funcionarios del Estado con criminales, terroristas, asesinos, narcotraficantes y secuestradores, independientemente de su nivel, merece ser evaluado, sopesado, juzgado y condenado.

Pero en Colombia las cosas ocurren de un modo diferente. Por vínculos más gaseosos -y en algunos casos inexistentes- de políticos con miembros de las autodefensas, muchos personajes han perdido su investidura, su libertad, sus bienes y hasta su vida. Por un simple anónimo o una declaración de algún delincuente, manipulada con ofrecimientos de beneficios o prebendas jurídicas, la justicia colombiana ha condenado a decenas de políticos y los ha sometido a la pérdida de sus derechos. Y yo me pregunto: ¿qué diferencia hay entre los crímenes cometidos por las autodefensas y los cometidos por los criminales farianos? ¡Ninguna!

O, tal vez sí: que las autodefensas se sometieron a un régimen transicional y aceptaron negociar en un territorio nacional demarcado, vigilado, custodiado y regido por nuestras leyes, y los terroristas farianos no han aceptado ninguna condición. Los terroristas farianos han exigido poder seguir narcotraficando, secuestrando, reclutando niños, sembrando minas antipersonales, extorsionando, atentando contra nuestro patrimonio y asesinando inocentes; es decir, han conservado su calidad de delincuentes, elevados a la máxima potencia, y solo la cobardía del Gobierno Nacional los ha legitimado. Y a esa legitimidad se ha sumado la Fiscalía General de la Nación que descaradamente auxilia, defiende y protege a los autores de los crímenes que hoy padecemos a lo largo y ancho del país.

De manera pues que el solo encuentro del senador Cepeda con sus camaradas en Cuba debería ser objeto de reproche, judicialización, escarnio y pérdida de derechos, si la igualdad ante la ley existiera realmente en Colombia. Pero no: sale una y otra vez del país para visitar a sus amigos y eso no merece siquiera una objeción del Gobierno Nacional ni de los órganos de justicia; se reúne clandestinamente con los criminales y luego acepta cínicamente que lo hace, y tanto el Gobierno Nacional como la Fiscalía y las Cortes simplemente les dan la espalda a los hechos y permiten que se siga cohonestando con el crimen. ¡Qué injusticia!

Ya hemos tenido precedentes de permisividad de nuestra justicia con quienes auxilian, defienden, colaboran y encubren a los delincuentes de izquierda: a Teodora la absuelven las Altas Cortes, después de haber obtenido las pruebas suficientes de sus vínculos con las Farc, aduciendo haber sido pruebas recolectadas imperfectamente. ¡Habrase visto! Pero, repito, paradójicamente muchos políticos han perdido su investidura y su libertad por denuncias de sus rivales disfrazados de anónimos y han alcanzado a manipular los poderes para que actúen con la prontitud, celeridad, eficiencia, rapidez y rigurosidad que les ha faltado para los casos en que las evidencias son latentes, marcadas, suficientes y denigrantes.

Todo parece indicar que seguirá Iván Cepeda visitando sus camaradas en La Habana bajo el silencio cómplice del Gobierno y la Fiscalía. Y mientras tanto, en Colombia seguiremos recibiendo atentados, daños ambientales, pérdidas millonarias, seres destrozados y delitos al por mayor, provenientes de los terroristas que dominan desde sus palacios de descanso en Cuba, donde atienden a sus anchas a los amigos que les abren el camino para que mañana se conviertan en sus compañeros de curul. ¡Qué desastre!