Si tiene usted la fortuna de salir favorecido en una licitación pública, o le es adjudicado un contrato con alguna entidad estatal, no es raro que se tenga que someter a unas extorsiones que ponen en peligro su estabilidad económica. Si sobrevive al pago de legalización y es capaz de ejecutarlo ajustándose a los cronogramas y a las exigencias legales, cuando logra terminarlo empieza un vía crucis detestable que le convierte ese trabajo en un purgatorio indescriptible.

Lo primero es lograr la aprobación de las actas por los interventores, pagadores, tesoreros o funcionarios de rangos medios. En no pocas ocasiones las aspiraciones personales de estos personajes se sobreponen al profesionalismo y terminan exigiendo prebendas, coimas o dineros "extras", so pena de retrasar la liquidación del contrato o entorpecer su pago. Y como también en no pocas ocasiones los trabajos se hacen sin anticipo (regalo voluminoso del ministro Germán Cardona), terminan los contratistas financiando las obras y la urgencia de recuperar siquiera su inversión los hace ceder ante los chantajes.

Pasado este otro peaje, hay que enfrentar uno más duro: la exigencia de que se pague seguridad social, riesgos profesionales y pensión sobre el 40% del valor total del contrato. ¡Qué tal! ¿Acaso el valor facturado es utilidad del contratista? Y si ese contratista tiene diferentes contratos en varias entidades, se llega al absurdo de obligarlo a pagar seguridad social sobre cada uno de ellos y a aportar a pensiones también sobre todos los contratos. Pero, ¿a dónde van a parar esos aportes que obligan a efectuar? Pues a los bolsillos de los pulpos que manejan las instituciones de salud y los fondos de pensiones. Es decir, a un barril sin fondo que no reporta beneficio alguno. ¿O acaso se va a prestar un mejor servicio personal de salud por cotizar tres, cuatro o cinco veces en un mes? ¿Acaso la pensión se va a ver mejorada por cotizar en las mismas ocasiones en el mes? ¡No! Algo más injusto no puede suceder.

Y, como si fuera poco, las entidades exigen paz y salvo de Confamiliares y Sena, donde se vive otro calvario, pues en esta última entidad suelen demorarse hasta dos o tres meses para expedirlo, tiempo en que el pobre contratista observa impotente cómo su dinero está engrosando las arcas del Estado, mientras las suyas van a parar, en el mejor de los casos, a las entidades bancarias a título de intereses.

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El día viernes 21 de enero de 2011 se publicó en este diario mi columna titulada "Socobuses Vs Manizales" en la cual se realizaron aseveraciones relacionadas con los transportadores, la empresa Socobuses S.A. y su gerente, Dr. Álvaro Moreno Quintero, frente a las cuales debo decir lo siguiente: 1) Que la dilación en la implantación del Sistema de Transporte Público Integrado de la ciudad de Manizales no se debió a la indolencia, prepotencia u oscuras intenciones de Socobuses S.A. o de su representante legal; 2) Que no me consta, por que no estuve en ellas, que el Dr. Álvaro Moreno Quintero no haya asistido a las reuniones programadas, así como tampoco que en público se retracte de lo acordado en las mismas; 3) Que no me consta que Socobuses S.A. haya saboteado el Sistema de Transporte Integrado de la ciudad de Manizales; 4) Que el caos generalizado en el tránsito de la ciudad de Manizales no se debió a maniobras o anarquía por parte de Socobuses S.A.; 5) Que no puede decirse que Socobuses S.A. haya o esté incumpliendo la ley. 6) Que no es cierto que Socobuses S.A. o el Dr. Moreno Quintero fomenten o promuevan las rutas piratas, la guerra del centavo o la "gemeliada" de vehículos de servicio público. Hechas las anteriores precisiones, quiero presentar mis excusas tanto a Socobuses S.A. como al Dr. Álvaro Moreno Quintero por las afirmaciones hechas en la columna previamente aludida, e igualmente lamento las consecuencias adversas que de las mismas se hayan derivado, manifestaciones que, lamentablemente se hicieron en la situación coyuntural que vivía la ciudad.