Se avecina una inminente reforma tributaria para la supuesta financiación del posconflicto; e igualmente los pedidos de ayuda internacional invocando el mismo propósito son ya el pan de cada día. Pero, a la par, la "inversión" en la preparación sicológica de los colombianos se hace mediante la mermelada repartida en los grandes medios de comunicación, los mismos que fueron beneficiarios de billones de pesos de la campaña reeleccionista, convirtiéndose en otra fuente de corrupción visible y descarada que dejó un hueco fiscal grandísimo.

Pero hay algo muy curioso: en ninguna etapa de esta farsa de La Habana se ha hablado de la inmensa fortuna que tienen las Farc. Fortuna que, por demás, es ilícita y que debería ser sometida por lo menos a extinción de dominio. No se ha hablado de su fortuna, repito, y tal vez no se hablará, llevándonos a otro silencio cómplice del Gobierno con el terrorismo. Seguramente terminaremos entonces coadyuvando el lavado de los activos que reposan en manos de estos criminales y que les sirve para penetrar todos los estamentos estatales, fortalecerse para eventuales campañas políticas y mantener su aparato militar asesino, intimidatorio y perverso.

La compra permanente de armamento sofisticado; la financiación de los miembros de las Farc en universidades, órganos de justicia, entidades estatales y organismos internacionales; el establecimiento de una bien organizada red de narcotráfico mundial; un sistema de comunicaciones de última generación; la empresa del secuestro, la extorsión y el crimen sistemático; todo esto es imposible hacerlo con centavos. Para tales montajes se requiere de inmensas fortunas que han venido amasando estos criminales mediante la barbarie, el robo, la intimidación y la muerte.

¿Es justo entonces que seamos las víctimas quienes tengamos que financiar el posconflicto? ¿Es justo que seamos las víctimas quienes tengamos que sostener a los criminales que aún siguen asesinando inocentes y perpetrando acciones terroristas? ¿Qué puede sentir un ciudadano a quien empobrecieron mediante el cobro de un secuestro, cuando le obliguen a pagar un impuesto que va encaminado a enriquecer a sus victimarios? ¿Qué puede sentir un padre de familia cuando se vea obligado a pagarle al Estado unos dineros que van con destino a los asesinos de su hijo? ¿Qué puede sentir un contribuyente colombiano que tuvo que dejar abandonadas sus tierras productivas o sus empresas o industrias, cuando el Estado le cobre impuestos sobre un patrimonio al que ya no tiene acceso, por orden de las Farc y que hoy dedican para su exclusivo beneficio?

La fortuna del narcotráfico es inconmensurable. Y si a ella se le suman el producto del secuestro, la extorsión, el chantaje y la usurpación de tierras y bienes, esa fortuna adquiere unas dimensiones aún mayores. Por eso no se entiende que no se le haya pasado por la mente a ninguno de nuestros negociadores abordar el tema de la entrega del patrimonio que aún conservan las Farc. Y que, por el contrario, se nos vaya a obligar a los millones de colombianos víctimas a que terminemos de enriquecerlos con nuestros dineros lícitos. Es decir: ya no solo brindaremos impunidad total, curules directas en el Congreso de la República, tierras productivas, sometimiento servil y acatamiento silencioso, sino que tendremos que seguir pagando impuestos para el posconflicto que, en la práctica, será la continuación de las extorsiones, disfrazadas de legalidad. Solo que esta vez no serán extorsiones selectivas, sino que su cobertura abarcará a la totalidad de los colombianos con excepción, claro está, de los criminales de las Farc que serán los directos beneficiarios.

Todo apunta a que este es otro gran sapo que nos tendremos que tragar. Y al paso que vamos, los colombianos de bien tendremos que acostumbrarnos a alimentarnos de esos sapos venenosos, mientras los terroristas seguirán engordando a punta de caviar, langosta y ron habanero, y enriqueciéndose aún más con los dineros de colombianos trabajadores y honestos. ¡Esta es la paz de Santos!