El enfrentamiento entre la columna móvil Teófilo Forero de las Farc y terroristas disidentes del Frente 14, en el cual murieron dos combatientes, es un anticipo a lo que tendremos que soportar los colombianos en los próximos años, gracias a la complacencia del Gobierno con las Farc.

Y aunque hubo algunas manifestaciones aisladas en relación con estos hechos, pudo más el temor a la aplicación de las leyes con el rigor debido, pues el Estado está acorralado y siente sobre él la amenaza permanente de unas fuerzas terroristas diseminadas por todo el territorio, ya no en la clandestinidad como antes, sino bajo su protección y amparo. Porque las Farc pasaron de ser esa fuerza delincuencial, asesina y narcotraficante que había que combatir, a esa fuerza delincuencial, envalentonada, narcotraficante, secuestradora y autoritaria que hay que proteger. ¿Qué tal?

Puede parecer esta una posición negativa, derrotista y trágica. Pero, ¿qué más podemos decir cuando vemos a las Farc impartiendo “justicia” por sus propias manos, ante un Gobierno pusilánime que solo atina a decir que esto está mal porque “atacar la disidencia de las Farc es deber de la fuerza pública”? ¿Cómo podrá controlar el Estado esas disidencias (que, a ciencia cierta, no se sabe si son disidencia de las Farc, o si se trata de ellas mismas ejerciendo el poder que se han negado a entregar), cuando la fuerza pública está relegada a sus cuarteles porque no puede hacer presencia en los territorios entregados al terrorismo? ¿Cómo puede el Estado controlar los desmanes de las Farc, cuando el Gobierno prefiere cerrar los ojos ante las violaciones de los acuerdos y el descaro de los terroristas que hoy se encuentran bajo su amparo?

No, no es negativismo. Es más bien desespero e impotencia al ver cómo las Farc se burlan de los colombianos y cómo el Gobierno se alía con ellas para complacerlas y arrodillarse ante sus órdenes. ¿Qué pasó con los niños reclutados que aún se encuentran en poder de los terroristas farianos? ¿Qué pasó con la inmensa fortuna acumulada, producto del narcotráfico, el secuestro y la extorsión, y que bien hubiera podido aliviar las arcas estatales y evitar una reforma tributaria regresiva, lesiva y empobrecedora? ¿Qué pasó con los compromisos anunciados en La Habana y que, ante el incumplimiento, el Gobierno prefiere olvidar?

Repito: es preocupante lo que tendremos que soportar los colombianos en el futuro. Porque si apenas empezando el desarrollo de esta farsa, las Farc se sienten con el derecho para reemplazar a la fuerza pública y ejercer descaradamente su poder ante los demás colombianos, ¿qué podremos esperar de ellas cuando se consoliden más en sus territorios y ejerzan oficialmente el poder absoluto concedido en los acuerdos? Hoy los asesinados son, en apariencia, criminales disidentes que no estaban de acuerdo con ellas. Mañana podremos ser cualquiera de nosotros que tampoco lo estamos.

Todo esto nos ratifica en la posición que sostuvimos durante todo el proceso de La Habana: las concesiones, claudicaciones y entrega del Gobierno a los terroristas farianos nos acercan aún más al empoderamiento definitivo de las fuerzas revolucionarias del continente, que hoy se solazan con los logros obtenidos por las Farc en Colombia y que nos están conduciendo a la pérdida de la institucionalidad.

¿Alguien sabe cuántos kilómetros cuadrados de nuestro territorio quedarán finalmente bajo el dominio absoluto de las Farc, donde no podrá haber presencia de la fuerza pública, órganos de justicia ni autoridad estatal? ¿Alguien sabe qué pasará con los frentes urbanos que se habían apoderado de universidades, colegios e instituciones públicas y que quedarán con la bendición y la protección estatal? ¿Alguien sabe qué pasará en los próximos eventos democráticos ante la presencia en todo el territorio nacional de las armas, el dinero excesivo y el poder extorsivo de unas Farc sin escrúpulos y desmedidamente ambiciosas?

Estas son preguntas que no tienen respuesta. Primero, porque de tenerlas y ser públicas, causarían una gran desazón en todos los colombianos. Y, segundo, porque al encontrarlas se corre el riesgo de que los colombianos reaccionemos antes de que ese poder comunistoide quede definitivamente consolidado en Colombia. Y eso iría en contra del verdadero fondo de los acuerdos, que es vivir bajo una nueva autoridad: la autoridad fariana.