La discusión sobre las modificaciones propuestas en el monopolio rentístico relacionado con los licores producidos en el país se ha centrado hasta ahora en las variaciones en el impuesto al consumo, pues se pretenden igualar a mediano plazo los impuestos de los licores nacionales con los de los licores importados, dadas las exigencias contempladas en los TLC y los compromisos allí estipulados.

Pero esto, en la práctica, no es la catástrofe. Lo que sí es catastrófico y pondrá en jaque a la Industria Licorera de Caldas es la apertura inmediata de fronteras departamentales. ¿Por qué? Ubiquémonos en nuestro mercado y analicemos algunas incidencias directas.

Si mañana amaneciéramos con la posibilidad de vender libremente los licores nacionales en los diferentes departamentos colombianos, Caldas se vería invadido inmediatamente de licores producidos en otras licoreras, con una inmensa posibilidad de ver desplazados nuestros productos, en un mercado frágil y hasta ahora carente del asedio de competidores nacionales directos. Vendría, por ejemplo, la Fábrica de Licores de Antioquia con su reconocida agresividad a reemplazar los productos mediante estrategias publicitarias y de mercadeo, que nuestra industria no podrá igualar por falta de recursos. Literalmente se tomaría las fiestas municipales, los bares, grilles, cantinas y espectáculos públicos y privados, invadiendo un mercado que, por natural y propio, la ILC nunca ha considerado en riesgo.

¿Y qué pasaría con el contrabando de licores? Desde agosto de 2014 el presupuesto para el convenio anticontrabando entre la Gobernación de Caldas y la ILC, se redujo a la mínima expresión, provocando una liberación tácita de la existencia de aguardiente Antioqueño en los municipios fronterizos con ese departamento. Y a fe que ha causado un serio daño. A partir del momento de la apertura de fronteras, se introducirá entonces lícitamente parte de producto a Caldas, pero adicionalmente una gran cantidad de producto de contrabando imposible de detener y determinar, disminuyendo no solo el valor de los ingresos para salud y educación, sino el valor de nuestras ventas por el reemplazo inminente del consumidor.

Esta invasión sería fatal para el mercadeo de nuestros productos, lo que llevaría a una rápida desestabilización financiera, económica y productiva de la ILC. Y ahí sí entraríamos a la posición que los antioqueños han querido provocar para apoderarse del mercado mediante la instauración de un "productor único", extrañamente avalada por nuestro gerente, Jorge Iván Orozco Hoyos, en una posición que no alcanzo a comprender.

Nuestra fuerza parlamentaria tiene la obligación moral de defender la permanencia de la Industria Licorera de Caldas y, más ahora, ya que las decisiones sobre la apertura de fronteras depende exclusivamente de ellos. No nos podemos exponer a que la ILC, al igual que la Chec, Hidromiel, y todas nuestras generadoras eléctricas terminen en manos de los antioqueños quienes, curiosamente, siempre encuentran idiotas útiles para que les hagan eco a sus propósitos y terminen adueñándose de lo nuestro. Es lógico que en el tiempo las fronteras departamentales se acaben; pero tenemos que exigir un plazo prudente para prepararnos y trazar las estrategias que nos permitan competir en el mercado futuro, sin necesidad de entregar nuestra ILC.

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Con la disminución del impuesto al degüello al 50% de la tarifa, por fin se convierte Caldas en un departamento competitivo para afrontar las tarifas en igualdad con el resto del país. A los alcaldes que hoy protestan hay que decirles que no es llorando sobre la leche derramada como van a conseguir su estabilidad económica. Es acabando con la informalidad y erradicando la complacencia con la evasión, pues ellos muy bien saben dónde la encuentran.