En El Mango, corregimiento de Argelia (Cauca), la población civil desalojó a la fuerza a los integrantes de la estación de policía. Sacaron humillados a estos servidores públicos del sitio donde se encontraban tratando de proteger a la ciudadanía de los bandidos que a diario los acechan. Y lo hicieron presionados por las Farc que, aprovechando la debilidad del Estado y la complacencia del Gobierno Nacional con sus actividades criminales, hacen y deshacen lo que quieren con las leyes y los derechos de los colombianos en diferentes regiones del país.

La gravedad de este acto es mayúscula. La evidencia de que estos terroristas se están apoderando de vastos territorios colombianos, no puede ser más clara; y, lo peor, la poca trascendencia que el Gobierno Nacional le ha dado a un hecho de naturaleza tan vil, casi puede significar una patente de corso para que sus aliados criminales sigan creciendo y se siga extendiendo su poder.

Pero ahí no quedan las cosas. Nuestros órganos de justicia -empezando por la Fiscalía General de la Nación- vienen acorralando sistemáticamente a los miembros de la fuerza pública en una campaña agobiante, desgastante, parcializada, direccionada e injusta. Parece una campaña de retaliación orquestada desde La Habana, donde los oficiales que mostraron más ejecutorias en contra de las Farc reciben hoy más presión, más persecución y más atropellos. Y los persiguen limitando las investigaciones a quienes actuaron en el campo de batalla y que en su momento fueron considerados héroes dignos de exaltación y reconocimiento, pero absteniéndose de traspasar los límites que puedan involucrar a quien expedía las órdenes: Juan Manuel Santos Calderón, en aquel entonces Ministro de Defensa Nacional.

Y mientras tanto en nuestro país, las muestras de solidaridad con las víctimas del aparato dictatorial venezolano no se hacen esperar. Desde diferentes puntos de nuestra geografía política se han oído voces de respaldo a Leopoldo López y demás líderes de la oposición en Venezuela, y severas críticas a la forma como los han sacado del camino por la vía judicial despojándolos de sus derechos fundamentales.

¿Y en Colombia qué? ¿Nuestra miopía no nos deja ver que en este país está pasando lo mismo? Un líder como Luis Alfredo Ramos Botero, seguro contendor y fuerte contradictor del presidente Santos en su reelección, ¿no fue eliminado de la contienda política con acusaciones baladíes por las que muchos criminales de izquierda han sido absueltos por anticipado? ¿No están sufriendo Álvaro Uribe Vélez y muchos de sus seguidores persecuciones similares? ¿Acaso gran parte del generalato colombiano que hoy debería gozar de un merecido descanso, no tiene que dedicar por entero su tiempo, su patrimonio y sus recursos intelectuales y económicos para entablar onerosas defensas por el solo hecho de haber cumplido con su deber?

¿Y por qué traer a colación estos temas, aparentemente aislados y desligados? Porque en el fondo hacen parte de una misma trama que amenaza a Colombia con terminar convertida en una dictadura perversa como la venezolana. Porque ver cómo se humilla a nuestra fuerza pública ante los ojos del pueblo; cómo se acaba con la oposición por una vía judicial parcializada y direccionada; y cómo se degradan y desestimulan las fuerzas armadas mediante persecuciones selectivas, no es nada distinto de lo que se ha instaurado en Venezuela. No es nada distinto de lo que se pregona como el "Gobierno Bolivariano" que arrasó la democracia y acabó empobreciendo al pueblo vecino. Y para allá vamos: para el gobierno de las Farc. ¡Qué horror!

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Manizales está quedando espectacular. El embellecimiento de los jardines, separadores de avenidas, parques y demás sitios públicos merecen una ensordecedora ovación. Da gusto ver esta ciudad creciendo organizada y volviendo por los fueros del civismo y de la amabilidad, hermosura, alegría y acogimiento. ¡Felicitaciones Manizales!