Mis diferencias con el senador Mauricio Lizcano durante la mayor parte de su actividad política han sido públicas, marcadas y muchas veces han desembocado en enfrentamientos y controversias por tener opiniones y conceptos que chocan y se vuelven inconciliables. De esto ha quedado evidencia en varias columnas del suscrito las cuales, repito, han sido materia de controversia y nos ha puesto en orillas extremadamente contrarias.
Pero tengo que decir que esta vez, y dadas las circunstancias del escándalo que la prensa nacional armó por la supuesta presión ejercida por el senador Lizcano ante RCN televisión, en el sonado caso de la no emisión del programa de Pirry, creo en el citado Senador, por las siguientes razones:
El escándalo se origina en la compra de un predio que resultó en problemas jurídicos por tener un proceso de restitución de tierras, instaurado por los familiares de los propietarios de hace 30 años, los cuales fueron víctimas de desaparición. Yo pregunto: ¿quién, con conocimiento del caso, invierte en un predio que tiene un problema de estas magnitudes y se arriesga a perder su inversión? ¿Un político, que vive de su imagen, y que ocupa una de las más altas dignidades del Estado, va a arriesgar su prestigio por un negocio irregular, a sabiendas de que tiene los ojos del país encima? Si uno de los propósitos de la compra del predio era el establecimiento de una estación de servicio y se aduce un tráfico de influencias, ¿por qué, después de cinco años, no han operado esas influencias y la autorización sigue en trámite? Si se tratara de un negocio ilícito, oscuro o censurable, ¿no hubiera sido más fácil hacerlo en cabeza de un tercero y evitar la exposición mediática, judicial o política? 
Pero existen además argumentos de mucho peso para creer en la inocencia de la familia Lizcano en este caso. Y uno de ellos es la comunicación oficial, auténtica, clara y explícita del canal RCN en la cual desmienten la intervención del senador Lizcano para impedir la emisión del programa de Pirry. Si el meollo del escándalo radicó en la supuesta presión ejercida por el senador para que no se emitiera el programa, ¿no es suficiente la aclaración del canal, único actor que está en condiciones para desmentir los rumores? ¿Por qué una comunicación auténtica del Canal no es suficiente para los medios de comunicación que persisten en el escándalo, pero sí lo es, por ejemplo, la dudosa comunicación de Otto Bula donde recula de las acusaciones concretas en contra del presidente Santos? Los medios no pueden ser tan perversamente selectivos en la valoración de “su” verdad cuando esta viene de fuentes de igual peso. ¿Qué podría haber de censurable en este caso? Tal vez la utilización de información privilegiada para obtener provecho personal. Pero tienen que ser las autoridades quienes lo determinen, y no la prensa, la W o Caracol a quienes les estamos trasladando el poder de juzgar y condenar de una forma muchas veces irresponsable. 
En Caldas la exposición mediática del senador Lizcano ha sido bocado de cardenal para los enemigos políticos que se han dedicado a explotar los hechos y a echar sal en la herida, lo cual ha sido replicado por la prensa criolla sin ahondar en el asunto. Y no es extraño, pues en esta región hay una tendencia macabra de hacer leña del árbol caído y parece sentirse un solaz morboso cuando es un caldense quien está en la mira en condición de acusado. Porque aquí somos expertos en condenar a priori, en llevar a la horca a los acusados sin siquiera considerar sus argumentos, y en creernos los inquisidores para aplastar a nuestros coterráneos, haciendo alarde de una envidia monumental que nos enceguece y nos impide ver las cosas con diferentes matices.
Repito: creo en la inocencia de la familia Lizcano, y creo que merecen que la sociedad abra los espacios para que den sus explicaciones. Existen factores sociales, económicos y de lógica política que llevan a creer que en este caso Mauricio Lizcano tiene la razón.