Hace menos de un año denunciábamos en este espacio las aberrantes prácticas instauradas por Bruno Seidel Arango en la Industria licorera de Caldas. Y denunciábamos cómo, en compañía de Gilberto Saffón Arango, se amangualaban para usufructuarse de un millonario contrato a través de la firma Integral Limitada, con el supuesto objetivo del estudio para la internacionalización del Ron Viejo de Caldas.

Ayer el diario LA PATRIA expide la noticia de que la Contraloría de Caldas "determinó que hubo un presunto detrimento patrimonial en la Industria Licorera de Caldas. La supuesta irregularidad está relacionada con un contrato que realizó la destilería por $232 millones, con la firma Integral Ltda., para internacionalizar el Ron Viejo de Caldas. Según el comunicado de la Contraloría, el presunto detrimento se dio porque la empresa contratada no cumplió con lo pactado con la destilería…".

Entonces me vuelvo a preguntar: ¿qué tiene para decir la Corporación Cívica de Caldas? ¿Guardará silencio también esta vez, por tratarse de un acto descarado y presuntamente doloso cometido por dos de sus principales miembros, uno de ellos esposo de la presidenta? ¿Trascenderá este detrimento patrimonial hasta la Fiscalía y hasta los juzgados penales? La sociedad, los medios de comunicación, los pocos líderes gremiales y políticos independientes, la Junta Directiva de la ILC y la propia administración departamental tienen que hacer un llamado para que respondan por esta y otras actuaciones ya denunciadas y que van camino a la preclusión. No podemos seguir soportando que algunos delincuentes, por tener como mampara la CCC y las asociaciones gremiales, hagan y deshagan con el presupuesto público y atenten impunemente contra las empresas que son de todos.

Porque este proceso es solo uno dentro de muchos que se deberían haber iniciado. La Contraloría de Caldas en una comunicación de abril 10 de 2014, le envía un pronunciamiento a Bruno Seidel Arango relacionado con el "proceso licitatorio concesión, distribución y venta de aguardiente doble anís. Gobernación del Huila", motivado por las denuncias hechas en esta columna. En uno de sus apartes, dentro del "Análisis documental", le dice: "Acta número 1 de enero 21 de 2014, reunión de junta directiva ILC: Se observa que la misma es ineficaz jurídicamente hablando, pues no está firmada por el presidente de la junta directiva, por lo cual la autorización con la que contaba la ILC para realizar la unión temporal estaba viciada, situación que podría generar una presunta falta disciplinaria." (Ver pronunciamiento: https://www.dropbox.com/sh/1p1jgk348rcewvw/AAA1t9ycWBDrBNZxnqxqTU_Ra?dl=0 ) .

En pocas palabras, el entonces gerente utilizó un documento falso para constituir una unión temporal que luego participaría en una licitación por más de 74 mil millones de pesos. Y cuando esto se denuncia, la sociedad calla, los órganos de control callan, la justicia calla. ¿Por qué? Seguramente por el blindaje adquirido en esta comarca por quienes se han sabido asociar para dominar descaradamente todas las esferas, y hoy ostentan el dominio de las agremiaciones civiles, además de penetrar las administraciones públicas a través de sus prácticas cuasiextorsivas.

No es raro entonces que a Bruno Seidel se le haya premiado con la dirección del proyecto Pacífico III (concesión vial La Pintada-La Manuela), y que Gilberto Saffón siga alardeando desde la presidencia del Comité Intergremial y manejando millonarios recursos públicos a través de entidades de las que ha sabido apropiarse para direccionar su utilización.

Hoy más que nunca reclamamos justicia. Reclamamos que se termine la impunidad para los "autoelegidos" que desangran descaradamente nuestras instituciones y están acabando con las esperanzas de la sociedad. Así como reclamamos ecuanimidad en la actual administración de la Industria Licorera de Caldas, en casos que próximamente estaremos comentando.