En el momento de mayor desprestigio de la justicia colombiana vemos con estupor cómo las Altas Cortes se niegan a que se legisle para su reforma, cuando deberían ser conscientes de sus inmensas debilidades éticas y de la poca autoridad que les queda.
La reforma a la justicia que se adelanta en el Congreso de la República, denominada "Equilibrio de Poderes", tiene dos ingredientes de máximo significado: la abolición del Consejo Superior de la Judicatura y la creación del Tribunal de Aforados.
Pero, ¿por qué pisa tantos callos la abolición del Consejo Superior de la Judicatura, órgano encargado de la administración de la carrera judicial? Siete de sus miembros son nombrados por los congresistas, y seis por la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Es decir, es un poder omnímodo que se han reservado las Altas Cortes para ejercer desde allí el comprobado tráfico de influencias y el tan sonado carrusel judicial que día a día queda en evidencia y que les ha hecho perder credibilidad. Hasta hace algunos años hablar de magistrados era hablar de ecuanimidad, equilibrio y rectitud. Hoy se miran con recelo y se evidencia sesgo, direccionamiento y favoritismo en sus decisiones. Y aún así, se sienten con el derecho a cuestionar, a protestar, a oponerse a que se tomen correctivos.
¡Y claro que se tienen que negar a que se les reforme! En las Altas Cortes se encuentran enquistados vicios perniciosos que trascienden la vida de los colombianos. De allí han salido decisiones que favorecen a reconocidos delincuentes y se ha creado una tácita protección a todo lo que tenga que ver con la izquierda pervertida, el terrorismo de las Farc y sus defensores de oficio.
Por eso no es de extrañar que la cúpula de la Rama Judicial haya cerrado sus filas para pedirle a la Cámara de Representantes que hunda la reforma de Equilibrio de Poderes en todo lo concerniente a la justicia, y que adopte una extraña posición de someter su propia reforma a una Asamblea Nacional Constituyente (de carácter limitado) y que "podría incluir a las Farc si se firman los acuerdos de paz". ¿Y cuál sería la participación de los terroristas farianos? ¿Qué capacidad de decidir, qué autoridad moral, qué representatividad, qué peso jurídico, qué solvencia social tienen las Farc como para someter a su participación decisiones de tan alta delicadeza? Se trataría más bien de un instrumento politiquero y oportunista de esa cúpula que buscaría entre sus pares farianos la obtención de su legitimidad ya perdida.
Por otro lado, la creación del Tribunal de Aforados debe tener a muchos magistrados con los pelos de punta. Acabar con el blindaje que los rodea y que les garantiza que la impunidad total cubra sus fechorías, es una noticia catastrófica para ellos y para el Fiscal General de la Nación, quienes entrarían a ser juzgados por una instancia que, en principio, tiende a ser verdaderamente objetiva, incuestionable y certera. Seguramente los actuales magistrados se romperán sus togas para tratar de evitar que se reforme la Justicia y que se modifiquen los mecanismos que hoy les garantiza impunidad, y que les permite proceder aviesamente sin temor alguno a ser juzgados ni mucho menos condenados. Aquí tiene entonces el desprestigiado Congreso de la República una prueba de fuego para recuperar algo de credibilidad, pues mal haría en ceder a las pretensiones de los magistrados después de haber avanzado tanto en la mencionada reforma, y seguir en este desequilibrio de poderes.
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A partir del 1 de mayo, empezamos en un programa de radio en el horario de las 11:30 a.m., de lunes a viernes, por la cadena Todelar, en la frecuencia 630 AM y por internet en www.todelarcali.com. Estaremos abordando temas de actualidad con los personajes del momento y denunciando tanta aberración que se presenta y que encuentra en el silencio a su mayor aliado. Argemiro Rincón Arango, Óscar Jiménez y este servidor esperamos contar con su audiencia.
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