Cuando un joven ciudadano cualquiera, en estado de alicoramiento o narcotizado por el uso de alucinógenos, comete un homicidio al atropellar a otro ser humano con el vehículo que conduce, y sus padres lo encubren, lo mandan a otro país para evadir su responsabilidad, y lo protegen hasta que logran "acomodar" la justicia para evitar que pague alguna condena, ¿no son igualmente delincuentes esos padres por su encubrimiento, connivencia y complicidad, así hayan logrado la impunidad total? Si Usted, amable lector, alberga en su residencia a quien conoce que ha delinquido, que ha defraudado al Estado y que ha procedido por fuera de la ley, ¿no se convierte también Usted en una especie de delincuente por su complicidad, silencio y alcahuetería, así el autor no haya sido condenado?

Traigo esto a colación ante la insistencia de algunos miembros de la Junta Directiva de la Corporación Cívica de Caldas, que se muestran preocupados por mis posiciones y dicen que "se nos tilda de pertenecer a una organización que ampara delincuentes". Posando de víctimas aclaran que "la Corporación Cívica de Caldas es una institución que trabaja por la transparencia y la buena gestión de los recursos públicos en el departamento de Caldas". Aducen además que "ninguno de sus miembros ha sido condenado por la justicia penal por la comisión de un delito culposo o doloso". Y en virtud de esa posición de víctimas están presionando para que se me suspenda la columna en el diario LA PATRIA y se me margine de los medios de comunicación, pues tal vez he sido el único que, con pruebas, documentos y argumentos suficientes, ha demostrado la parcialidad con la que allí se procede y el silencio guardado cuando son sus aliados quienes atentan contra el presupuesto público o cometen actos ilícitos.

Quiero recordar algunos de los casos que denunciamos en este espacio y sobre los cuales la CCC no se ha dignado pronunciarse, pues han sido sus miembros los protagonistas: las contrataciones perpetuas en la Chec; la contratación con Integral Limitada, hoy en proceso ante los órganos de control y de justicia; los oscuros manejos en la Corporación Aeropuerto de Palestina; las contrataciones multimillonarias e ilegales entre el Comité de Cafeteros y Emilio Echeverri Mejía; las "pinches millas" de María del Pilar Joves, y la asignación velada de la distribución de los licores de la ILC en Antioquia; la constitución de la Unión Temporal San Agustín, mediante un documento ilegal aportado por Bruno Seidel como gerente de la ILC.

¿Acaso aquí no hay recursos públicos dilapidados, derrochados, direccionados e ilegalmente apropiados? ¿Dónde está el trabajo por la transparencia y la buena gestión de los recursos públicos? ¿Acaso, por ser sus corporados quienes cometen ilícitos, la CCC se siente con la obligación de darles el aval tácito mediante el silencio? ¿Eso no es ser cómplices de los presuntos delincuentes?

Entiendo entonces que los miembros aludidos de la CCC estén en la campaña de marginarme de los medios de comunicación. Entiendo que les estorbe. Pero estoy convencido de que la sociedad necesita de personas que se atrevan a contar la verdad y a desmitificar entidades e individuos perversos, aún asumiendo graves riesgos. Y lo seguiré haciendo en este espacio, mientras LA PATRIA, quien nunca me ha censurado ni coartado la libertad de expresión (actitud que admiro, reconozco y agradezco), permita que pueda llegar a los lectores. Como también en los otros espacios nacionales que generosa y semanalmente me albergan para que exprese mi opinión.

Le propongo un reto a la presidenta de la CCC: dispongamos de un espacio para que debatamos respetuosa y públicamente nuestras diferencias. Me someto a sus reglas y a su escenario. Lo que hay para decir y debatir es mucho y no creo que el silencio de la disidencia sea la mejor solución. Por ahora, que no posen más de víctimas.