No alcanzo a entender la lógica que se utiliza en el Concejo de Manizales. Después del debate en el cual se discutió la eliminación del impuesto al teléfono, y que de antemano se sabía que contaba con la mayoría para aprobarlo, varios concejales se dedicaron a pavonearse por el supuesto logro político que tuvieron al sacar avante esta iniciativa.

A mi modo de ver es muy poco lo que el manizaleño del común sabe sobre este impuesto. Lo único verdadero es que Manizales Segura, (empresa encargada de la administración del recaudo) como muchas de las empresas creadas en la ciudad y el departamento, fue satanizada desde el principio y rodeada de una mala imagen que logró trascender a los estrados judiciales donde, como siempre, se denunciaron unos supuestos delitos que a la postre no se han podido probar. Lo que sí se logró fue la destrucción de honras, tranquilidad y sosiego de decenas de personas, y el futuro de una compañía que pudo haber crecido con solidez y rentabilidad social.

El capital de Manizales Segura es de 60% aportado por el Municipio de Manizales y el 40% por capital privado. Como empresa de economía mixta está sujeta al régimen jurídico de las sociedades comerciales, con personería jurídica, dotada de autonomía financiera, administrativa y patrimonio propio. En pocas palabras es lo que hoy se denomina una APP o Alianza Público Privada, que tan buenos resultados ha dado en la administración para la provisión de asistencia pública con agilidad, calidad, oportunidad y efectividad.

Pero tal vez esas cualidades fueron las causas del trágico tratamiento que le dieron. La casi nula posibilidad de manejar cuantiosos recursos públicos con el direccionamiento politiquero acostumbrado, llevó a que ciertos grupos políticos emprendieran una campaña para su destrucción, hasta lograr lo que hoy es motivo de orgullo y vanidad de doce concejales que no saben el despropósito que cometieron.

Pero, ¿por qué despropósito? Porque al desaparecer el impuesto al teléfono se está causando un serio perjuicio a las clases menos favorecidas. Porque mientras rija este impuesto, los millonarios recursos que demanda la inversión en seguridad en Manizales serán asumidos únicamente por los estratos 4, 5, 6, industrial, comercial y público; a partir de la fecha en que se desmonte el impuesto, los estratos 1, 2 y 3 resultarán aportando en igualdad de condiciones que los demás, cuando hasta hoy se encontraban subsidiados. ¿Habrá motivo de orgullo, aspaviento, pavoneo y alharaca de esos concejales? ¡No! Por el contrario, deberían ser repudiados socialmente ya que los resultados de estas gestiones electoreras, que ahora mostrarán como ejecutorias para su reelección, son en realidad un perjuicio para las clases menos favorecidas.

Después de tanto cuestionamiento y de tanta desinformación sobre el manejo de los recursos que durante ocho años engrosaron las arcas de la sociedad Manizales Segura, hoy no existen dudas ni objeciones. Y aunque muchos dirán que estamos defendiendo a personajes corruptos o la privatización de las empresas estatales, nada es más alejado de la realidad. Estos son simples planteamientos de un ciudadano que, con un poco de sentido común, se pregunta si es justo que, producto de una decisión proselitista y de aparente lucro electorero, los estratos menos favorecidos de Manizales pierdan un subsidio que se habían ganado y que afectará directamente sus bolsillos.

Por último, hay que decir que Manizales Segura está sujeta a los controles de la Revisoría Fiscal, de los entes oficiales de control, del Concejo de Manizales y de la ciudadanía en general. Pero aquí preferimos destruir una empresa que podría reforzarnos nuestra seguridad, aduciendo la manida frase de que es mejor acabar con las empresas que ejercer los controles. Es decir, decidimos otra vez vender el sofá para acabar con el adulterio. ¡Ojalá no nos arrepintamos!