El lunes de la semana pasada la Corte Constitucional le dio luz verde a la realización de un plebiscito para que la ciudadanía exprese su sentir, su opinión final, sobre el proceso de paz entre el Gobierno Nacional y las Farc. Los colombianos tendremos la oportunidad de decir sí o no, de manifestar nuestro apoyo o rechazo, a las negociaciones que se han surtido en los últimos cuatro años en La Habana. Diremos si nos gusta o no lo que las partes acordaron para terminar una guerra que ha durado medio siglo y que ha dejado más de doscientos mil muertos y millones de víctimas. En un tiempo breve gobierno y guerrilla terminarán su trabajo y nos presentarán el resultado final, de ahí en adelante dependerá de nosotros, será nuestra responsabilidad.
Es bueno recordar que lo que será materia de decisión en el plebiscito es el acuerdo final de la negociación, lo que tendremos que manifestar es si compartimos o no ese pacto y sus cláusulas. Debemos tener presente que no es de poca monta lo que a través del acuerdo final se va a resolver: el fin de una guerra muy larga, cruenta y dolorosa. Tampoco debemos perder de vista que la negociación ha sido sobre seis temas concretos, que si bien son importantes todos y delicados algunos, no representan un cambio absoluto, su contenido no es una nueva constitución ni una modificación total del sistema político y económico. Colombia seguirá siendo una democracia y una economía de mercado. Habrá mecanismos de justicia para tratar los graves crímenes cometidos dentro del conflicto armado y los guerrilleros dejarán las armas y entrarán a la política, tal vez terminando iguales que los demás políticos.
El plebiscito que pronto votaremos tiene dos dimensiones fundamentales: una política y una jurídica. En lo político, la decisión popular dirá con claridad qué es lo que quiere la nación respecto a la salida negociada a la guerra interna que hemos vivido. Será un veredicto claro e inapelable. Lo cual lo hace riesgoso, no cabe duda. Pero el presidente Santos no tenía alternativa distinta a someter el acuerdo final al visto bueno de los ciudadanos; de otra manera, y teniendo en cuenta fuertes voces disonantes en la materia, habría tenido a futuro un camino lleno de piedras para hacer realidad lo pactado. Afortunadamente, hay buenos augurios para que el respaldo popular sea positivo y, siendo así, la paz pueda llegar a buen puerto.
El sí ciudadano es el puente indispensable para unir los resultados del acuerdo final y el trabajo que se requerirá para asentar la paz. Con un sí mayoritario todos los engranajes del Estado no tendrán alternativa diferente a crear las condiciones adecuadas para la implementación del acuerdo que termina la guerra. Como nunca antes, hoy el poder para conquistar la paz está en manos de todos nosotros, cada uno con su voto por el sí.
En cuanto a lo jurídico, la Corte Constitucional avaló plenamente la realización del plebiscito. Sin embargo, restringió su poder vinculante al poder ejecutivo, es decir, el Congreso y la justicia no estarán obligados, en teoría, por lo que decidan los ciudadanos. Pero no cabe duda de que, sin perder su autonomía, no se podrán sustraer de la voluntad final de la sociedad. También es bueno recordar que ya existe un marco jurídico de referencia para los desarrollos legales posteriores al plebiscito, es el acto legislativo número uno de 2016, el cual tiene un completo y complejo sistema de regulaciones que permitirán sacar adelante las normas necesarias para avanzar en el postconflicto. No sobra decir que el Congreso jugará un papel fundamental al transformar los acuerdos de paz en normas legales y constitucionales, y que la mayoría política favorable al presidente será clave en esta construcción jurídica.
En este momento todo pasa por el plebiscito, es el punto de llegada de lo que se ha construido y el de partida de lo que falta. Que la guerra termine está ahora en nuestras manos, cada sí es indispensable para cambiar la historia.
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