El buen curso del proceso de paz entre el Gobierno y las Farc, no exento de dificultades permanentes, pone en este momento sobre la mesa de negociaciones y en la política nacional el tema del instrumento jurídico y político que confirme los acuerdos a que se llegue en La Habana. Una prueba de fuego final y un cierre que garantice la solidez a futuro de lo acordado. 
Son varios los mecanismos que están a disposición para este tipo de confirmaciones: los más mencionados han sido el referendo, una constituyente y el plebiscito. El primero es riesgoso y complejo, pues exige una votación demasiado alta que nunca se cumple y que los ciudadanos den su afirmación a cada punto del acuerdo, lo que conduciría a varias decenas de preguntas y a resultados contradictorios y confusos. La constituyente puede operar de dos maneras: convocada como lo exige la Constitución, lo que implica una votación popular para que sus miembros lleguen a ella y una competencia específica, es decir, sobre qué temas puede producir las nuevas normas constitucionales. La otra forma es como lo quieren las Farc, una constituyente corporativa, o sea a la que lleguen representantes de diferentes sectores de la sociedad: campesinos, trabajadores, empresarios, estudiantes, organizaciones de Derechos Humanos, profesores, y muchos más. La primera forma de constituyente dilataría en el tiempo la confirmación requerida y podría abrir una caja de pandora que llevaría al caos. La segunda es impracticable, no es democrática y obedece a formas viejas de pensar la sociedad. 
Queda el plebiscito, el cual es sencillo y simple, pero directo y claro para un tema como el que tenemos entre manos. Este instrumento de participación ciudadana consiste en pedirle la opinión a la ciudadanía, con un sí o un no, sobre una política gubernamental. Y esto es precisamente lo que tenemos entre manos: la aprobación de la política de paz del Gobierno nacional, saber si como nación queremos una terminación pacífica del conflicto armado interno que hemos vivido por más de medio siglo, o si queremos perpetuarlo y buscar un triunfo militar aplastante sobre las guerrillas. Lo primero está a la vuelta de la esquina, lo segundo es muy probablemente una quimera, como la zanahoria que persigue el burro sin nunca alcanzarla. 
Justo en este momento el Congreso de la República debate un proyecto de ley para darle vía libre a la convocatoria de un plebiscito específico para aprobar o negar los acuerdos de La Habana. Tendrá unas condiciones particulares ajustadas a la materia y su trascendencia histórica. Luego la Corte Constitucional establecerá el ajuste de esta norma a la constitución y más adelante la prueba final: la votación. Sencillo y claro. 
Dentro de la propaganda negra que se ha hecho al proceso de paz se ha dicho que el país se le entregará a las Farc y al castrochavismo, que desaparecerá la propiedad privada y que el comunismo reinará. Nada de esto es cierto. El comunismo ya murió y el castrochavismo está agonizando. Lo que ha pasado en la mesa de negociación es que se han acordado unas reformas sensatas y convenientes, faltando otras por establecer. Y el punto más álgido y difícil, la aplicación de sanciones penales a los responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad, va por muy buen camino, ajustado a los preceptos internacionales en la materia, como lo ha dicho la misma Corte Penal Internacional. Hay que decir que el equipo negociador del gobierno ha actuado de manera impecable, y también que las Farc quieren sacar este proceso de paz adelante, que la guerra termine. 
Nos queda la última palabra a los ciudadanos: paz o guerra. Mejor la paz.