Un acuerdo de paz final entre el Gobierno Nacional y las Farc es ya irreversible. No hay lugar a dudas. Esa es la única interpretación posible luego de observar por televisión la reunión sostenida en La Habana por ambas delegaciones el pasado veintitrés de septiembre, en la cual fue leído el comunicado conjunto que informaba de las bases y principios que regularán el punto de justicia e informado lo que viene en las negociaciones, especialmente en lo referente a los plazos, pues se espera que el acuerdo final sea firmado en seis meses y la desmovilización total de la guerrilla junto con la entrega de las armas se dé en los dos meses siguientes a la firma del acuerdo final. En otras palabras, esto significa que en ocho meses las Farc como guerrilla no existirán.
Todo en el evento de hace dos semanas indicaba sin vacilación alguna que el acuerdo final será una realidad. La presencia del presidente Santos, del presidente de Cuba Raúl Castro y del comandante de las Farc, Timochenko, enviaba un mensaje contundente respecto a la importancia de lo acordado y la decisión inquebrantable de las partes de terminar de una vez por todas con esta eterna guerra que ha padecido el país. Quien haya seguido la reunión pudo obtener la certeza íntima de que este proceso terminará bien.
El punto de justicia era, y sigue siendo, el corazón de la agenda de negociación. Y si bien por estos días ha habido algo de ruido debido a que el comunicado no es el texto definitivo del acuerdo en este tema, para nada le quita valor y fuerza a lo ya acordado y presentado a la opinión pública desde La Habana.
Lo expuesto, que corresponde a los principios guías para la aplicación de justicia en el marco de la negociación, es sólido y de un valor enorme. Hay que tener en cuenta que todo esto se da en el marco de una negociación, por lo tanto es diferente a lo que establece la ley penal para situaciones que podríamos llamar de normalidad, aunque es bueno decir que hace mucho tiempo no tenemos normalidad.
Habrá sanciones penales para los delitos graves, los que hoy se conocen como de lesa humanidad, de guerra y genocidio. Dentro de estos caben todas las actuaciones que tanto dolor han causado a lo largo de las últimas décadas, tales como homicidios, secuestros, extorsiones, desapariciones, ataques a poblaciones, y otros más. Quien confiese y reconozca su responsabilidad en un delito grave, y contribuya a esclarecer la verdad plena de los hechos, tendrá una pena de cinco a ocho años que conlleve una “restricción efectiva de la libertad en condiciones especiales”. Para quien reconozca sus delitos de manera tardía tendrá una pena de 5 a 8 años de prisión en condiciones ordinarias, y quien niegue su responsabilidad y sea vencido en juicio su pena podrá llegar a 20 años de cárcel. La reducción en la pena implica la obligación del responsable de los delitos de hablar con la verdad, reparar a las víctimas y comprometerse con la no repetición de hechos similares. Todo lo anterior es lejano a la impunidad. Y es por esto, y por la seria estructura que ha sido construida en este punto de víctimas y justicia, que la propia Corte Penal Internacional manifestó su complacencia con las bases del acuerdo. En igual sentido se expresaron la ONU y el gobierno de los Estados Unidos.
Si la concreción de este punto de justicia parecía una quimera, qué no decir de la terminación misma de la guerra con las Farc. Sin embargo, es realidad. Una realidad que tenemos que cuidar y evitar a toda costa que sea destruida.