En un giro radical de la política nacional, el foco de discusión, debate y controversia pasó del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc y su implementación, a la corrupción. Pareciera que en esta oportunidad sí habrá un movimiento significativo alrededor de este asunto, lo que podría llevar a cambios relevantes y drásticos en la actividad política y en todo el funcionamiento del Estado.

Para nada es nuevo el tema, son ya varias décadas en que las noticias de corrupción son residentes y no huéspedes ocasionales de las principales páginas de los periódicos, revistas, así como de noticieros. Lo que sí se evidencia en este momento es cómo esta práctica ha venido creciendo sin pausa y su extensión por todas las ramas del poder público y a todos los niveles es ya descomunal. La cantidad de recursos públicos que se pierden es abrumadora.

Cuando un asunto entra a la arena política justo en el momento más apropiado, ni antes ni después, tiene la capacidad de generar un giro radical en el debate público y en las elecciones por venir. Así sucedió a finales del 2001 y principios del 2002, cuando Álvaro Uribe apuntó única y exclusivamente al tema del combate a la guerrilla en un momento en que se adelantaban negociaciones con las Farc y el Eln, pero en el que ya había desesperanza y desengaño por parte de la ciudadanía respecto a un posible acuerdo de paz. El mismo día en que se rompieron las negociaciones con las Farc, el 20 de febrero de 2002, Uribe aseguró su elección, lo demás fue solo trámite.

En este momento una senadora ha salido con la contundencia y fuerza suficientes para sintonizarse con la indignación de los ciudadanos: Claudia López ha convocado a una cruzada contra la corrupción, de verdad, no retórica como tantas veces, y ha comenzado a tener eco su llamada. Hoy, los asaltos a los dineros públicos indignan tanto como las ‘pescas milagrosas’ de Romaña.

Las cifras agregadas son impúdicas, hay estimativos muy variados que van desde 10 hasta 22 billones de pesos al año -este último monto es de la Procuraduría General de la Nación-. Cualquiera que sea el valor, si este dinero no se perdiera, la realidad del país sería radicalmente diferente: no habría necesidad de reforma tributaria, estaría financiado el postconflicto y el salto en infraestructura sería enorme.

La senadora López está impulsando una consulta popular anticorrupción, requiere en primera instancia 5 millones de firmas para radicar la petición de esta consulta, y luego, que 11 millones de votantes confirmen los cambios que ella propone, que si bien no abarcan todas las medidas que se requieren, sí son un buen inicio: que los congresistas, diputados y concejales no puedan estar más de tres períodos seguidos; que los funcionarios públicos de alto nivel hagan pública su declaración de renta año a año; que haya rendición de cuentas totales de todo lo que hagan congresistas y altos funcionarios; que se tramite de manera pública el presupuesto de la nación; que las empresas sancionadas por corrupción pierdan todos los contratos que tengan con el Estado; que los condenados por corrupción no tengan beneficios penales, y por último, bajar sustancialmente los ingresos de los congresistas.

No cabe duda, a Claudia López le sonará la flauta. Ojalá así sea. Hasta dónde la lleve no se sabe, pero lo cierto es que si toma fuerza su iniciativa y otras que surjan en este sentido, el país mejorará.

Es bueno hacer una reflexión final en este tema. Es urgente que veamos la gran paradoja de nuestra sociedad: la exaltación desmedida que se hace del poder, la riqueza y el éxito por todas partes, valores ante los cuales demasiadas personas sucumben, induce a muchos a transitar el camino de la corrupción. Es un mecanismo sutil y clandestino, pero tremendamente efectivo. Pensemos en esto.