El reciente escándalo de corrupción que involucra a un magistrado de la Corte Constitucional ha desencadenado fuertes cuestionamientos sobre esta institución y ha traído nuevamente a la discusión pública los serios desajustes que afectan a la rama judicial en su conjunto, especialmente respecto a las altas cortes. En medio de esta crisis se proponen una diversidad de acciones correctivas, dentro de las cuales se han alcanzado a presentar algunas extremas como la petición de renuncia a todos los magistrados constitucionales, reformas que recortan su ámbito de acción e incluso la supresión o mutilación de la acción de tutela. Ante todo esto, es bueno mirar un poco más allá de la superficie y tener claro la razón de ser de esta corte y su importancia para la sociedad colombiana.

La constitución política, en cualquier Estado moderno, representa un conjunto de normas que regulan su funcionamiento, la relación entre las personas y las diferentes instancias estatales, y en general la vida en sociedad. Esas normas son, en principio, de aceptación colectiva; y cuentan, también en principio, con una legitimidad sólida. La constitución representa en términos generales ‘el contrato social’ del que hablaba Rousseau en el siglo XVIII.

Ese contrato social se va renovando de tiempo en tiempo, bien por medio de reformas a la constitución existente o por la creación de una nueva. Para nuestro caso, la constitución que nos rige fue acordada en 1991 y buscó una adecuación de esa norma básica a los tiempos modernos y a las necesidades, problemas y retos que surgieron en las décadas previas a su promulgación.

Como la constitución es un texto destinado a regular una sociedad activa, llena de eventos, contradicciones, dudas, conflictos y necesidades cambiantes, debe existir una manera de aplicar esa norma superior de la mejor manera posible y buscando garantizar el acatamiento de todos. Ahí es donde surge la institución judicial, creada y regulada por la misma constitución, destinada a dar claridad, a través de su interpretación, sobre la manera de aplicar las normas constitucionales. Interpretación que es obligatoria para el Estado y la sociedad.

La Constitución de 1991 fortaleció esa institución judicial al pasar de una sala constitucional en la Corte Suprema a un tribunal independiente y con más poderes e instrumentos: la Corte Constitucional.

Esta corte, desde su creación, ha sido fundamental en la mejora de la condición de vida de los colombianos, de eso no cabe la menor duda. De alguna manera ha hecho lo que varios gobiernos y congresos no han hecho. A través de sus sentencias ha protegido a los más débiles, ha ordenado que muchas instituciones del Estado cumplan con su deber, ha salvaguardado la salud de millones de colombianos, ha velado por los más sagrados derechos humanos, protegido a minorías marginadas y maltratadas, reivindicado a las víctimas de la violencia, controlado los excesos del poder, especialmente del ejecutivo, sobre todo cuando el presidente ha querido pasar por encima de la misma constitución. La Corte Constitucional ha tenido en sus dos décadas de existencia muchísimos más aciertos que errores.

Se ha dicho últimamente, con un dejo de nostalgia, que la corte actual deja mucho que desear y que las pasadas eran virtuosas y sabias. Habría que decir que esto es relativo. Por la Corte Constitucional han pasado más de treinta magistrados, y en todo momento ha habido grandes aciertos y también fallos no tan sabios.

La mejor manera de tener una buena Corte Constitucional es eligiendo los mejores magistrados posibles. Y esto no depende de la misma corte, es potestad del presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia, El Consejo de Estado y el Senado. Los tres primeros postulan ternas y el Senado elige. Son estas instancias las responsables en buena medida de la salud de la Corte Constitucional. A ellos también habría que reclamar en este momento.

Por último, por encima de cualquier discusión, la tutela debe protegerse como instrumento al servicio de los ciudadanos. Es ante todo la defensa del débil ante la arbitrariedad del poder o de burocracias indolentes. En esta coyuntura debilitar la tutela es matar al mensajero.

En honor a Carlos Gaviria Díaz hay que proteger a la Corte Constitucional.