Este martes 15 de diciembre, hace dos días, el Gobierno Nacional y las Farc firmaron el acuerdo más importante de lo que va del proceso de paz que se lleva a cabo en La Habana y de todo el periplo de acercamientos y negociaciones entre ambos, en ya más de treinta años de ires y venires entre guerra y diálogo. Es que no podemos olvidar que la historia ya es larga. Los presidentes Betancur, Barco, Gaviria y Pastrana sostuvieron diálogos directos con las Farc. Samper y Uribe los buscaron. Es decir, seis gobiernos consecutivos han querido terminar la guerra en la mesa de diálogo, y solo hasta ahora se logrará. Para llegar a lo de hoy se requirió del aporte de todos estos mandatarios, unos más que otros, pero todos cuentan. Uribe hizo una gran labor para facilitar esta negociación, y él lo tenía claro, recuerdo una reunión del Consejo Nacional de Paz que se llevó a cabo en la Presidencia durante el primer mandato de Uribe, a la que asistí, en la cual el entonces presidente manifestó “mi propósito es entregarlos ‘mansitos’ para una negociación”. A fe que lo cumplió. Sin el debilitamiento militar que sufrió la guerrilla durante sus primeros seis años de mandato, hubiera sido imposible que se dieran las condiciones de negociación actuales, que a pesar de lo que los críticos más vehementes del proceso sostienen, son favorables para el Estado. Pero igualmente, y ahí estuvo la claridad de Santos, persistir en la derrota militar hubiera sido tremendamente costoso humana y económicamente. La negociación llegó en el momento justo. Este es el gran mérito del presidente Santos. 
El acuerdo del martes pasado atiende el punto más difícil y complejo de toda la negociación: víctimas y justicia. Leído el texto del acuerdo (documento de 63 páginas que se encuentra en su totalidad en esta dirección https://www.mesadeconversaciones.com.co) se puede observar que existe equilibrio y que para nada es un manifiesto de impunidad. Este tema no se reduce al dilema de cárcel o no cárcel, cepo o impunidad. Esta es una mirada muy simplista de un asunto tremendamente complejo. 
Respecto a las víctimas, el acuerdo contempla una serie de acciones que buscan reparar, en la medida de lo posible, pues nunca será suficiente, el daño causado. La vida perdida no regresa y el dolor vivido no se borra, pero es posible mejorar las condiciones de vida, materiales y espirituales, de quien ha sido agredido y afectado. Hay un serio compromiso de Estado para la reparación y surge también la obligación de las Farc de participar en la misma a través de aportes materiales, trabajo que beneficie a las comunidades y, algo trascendental, contar la verdad de lo sucedido y pedir perdón, en otras palabras, manifestar su vergüenza por las acciones cometidas. Esto no es de poca monta para un guerrero así como para quien ha sufrido el agravio. 
En cuanto a sanciones de carácter penal se darán de tres tipos: para quienes confiesen de antemano sus delitos se aplicará una seria restricción de la libertad de desplazamiento de 2 a 8 años dependiendo de la gravedad de la participación en el delito. De 5 a 8 años de prisión para quien confiese durante el juicio que se le abra y de 15 a 20 años de prisión para quien es condenado en juicio. No cabe duda de que esto es justicia transicional, la que reclaman los más severos críticos. Habrá indulto y amnistía para los delitos políticos como la rebelión, así como para los conexos, dentro de los cuales se encuentra el narcotráfico con fines de financiación del grupo insurgente, lo cual es aceptado plenamente por el Derecho Penal, pero no para el secuestro, pues este delito es de lesa humanidad. Igualmente se crea una Jurisdicción para la Paz, la cual atenderá las demandas de justicia que los acuerdos exigen o, en otras palabras, la justicia del posconflicto. 
El Gobierno y las Farc han hecho su trabajo en la mesa de negociación, nos queda a los ciudadanos el nuestro, votar afirmativamente el Plebiscito.