Da asco lo que ocurre en las Altas Cortes. El país horrorizado registra escándalo sobre escándalo y todos atónitos denigran de una justicia que no sale de la pocilga. Nunca en nuestra historia judicial habíamos descendido tanto, con magistrados delincuentes en ejercicio de sus funciones, en bochornosos altercados públicos, con sentencias influidas por beneficios oscuros. Qué tal que los tribunales seccionales imitaran esas disputas de comadres en las que -aquellos- se tiran de las greñas unos contra otros.

Nilson Pinilla hasta hace poco magistrado de la Corte Constitucional ha hundido el dedo en la llaga. Ha colocado en el banquillo de los acusados a sus colegas Jorge Pretelt y Alberto Rojas, éste ligado a confusos sainetes cuando ejercía su profesión, y el primero compinche de sujetos procesales que dirimían cuantiosos intereses en la Corte. Es tan hediondo este entramado, que Pinilla deja vislumbrar en sus declaraciones que hay "dineros de por medio" más un venal "tráfico de influencias". ¡Qué horror!

En los nombramientos que surgen de la iniciativa de las Cortes hay una descarada simonía para la contraprestación de favores. Tú me elijes, yo te elijo. Díganlo si no los acomodos burocráticos de los familiares y amigos de esos postuladores. En todos estos organismos funcionan las cuotas de poder. Ahora mismo recusa el influyente Magistrado Francisco Javier Ricaurte a su homólogo Marcos Velilla contra quien alimenta soterrada animadversión; adicionalmente el Consejo de Estado ha de anular la elección de Ricaurte para el Consejo Superior de la Judicatura por conflicto de intereses. Hubo hackeo punible al magistrado Gustavo Gómez Aranguren y muy cerca hacen danza torcida Henry Villarraga de historia subterránea ventilada en la prensa nacional, José Alfredo Escobar y Reginaldo Bray cuñado de Escobar, los dos últimos incursos en hediondos conflictos judiciales.

Es pestífera la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Tres delincuentes administran justicia. Eso no ocurre ni en la más podrida republiqueta africana. La Corte Suprema de Justicia (proceso No. 36938) en sentencia del día 23 de mayo de 2012 estampilló a los magistrados Angelino Lizcano Rivera, Jorge Alonso Flechas Díaz y Julia Emma Garzón de Gómez como autores intelectuales de un crimen. Los tres insinuaron, aconsejaron, presionaron, trataron de obligar a un subalterno para que cometiera un prevaricato. Es inconcebible e inaudito que estén aún adheridos como moluscos a la roca de la justicia. Peor aún: ¿con qué autoridad moral siguen promulgando sentencias?

Nadie entiende que la parlamentaria Lucero Cortés, con esposo estafador, quien utilizó a los magistrados como puente para sancionar a un inocente (el investigado fue absuelto) resultara condenada a 60 meses de prisión, y los que fabricaron el delito, los que lo aliñaron y sirvieron de medio, los que lo manipularon, los que fueron colocados en la picota de la ignominia por la Corte Suprema de Justicia, sigan orondos en sus cargos.

Ante el desplome alarmante de la moral judicial, preguntamos: ¿Somos -apenas- un miserable país de jueces granujas? Con razón un reciente editorial de El Espectador sostuvo que debía promoverse "la revocatoria de todos los magistrados de las altas cortes".