César Montoya Ocampo  cmontoyaohoitmail.com

No escribo sobre la justicia, sal de la tierra, la que premia o castiga. Sobre esa, no. Me refiero a la de Colombia que se agazapa y convive con los delincuentes, que ayuda a las prescripciones dolosas y se acomoda con los malvados, convertida en piedra de escándalo.

Escribo sobre esta justicia que no encontró a los autores intelectuales del asesinato de Álvaro Gómez, que todavía investiga el magnicidio de Luis Carlos Galán, que aún no sabe quién mandó matar a Orlando Sierra.

Justicia en manos de magistrados delincuentes que aún, hoy, profieren sentencias sin autoridad moral. Tales bribones debieran ser sacados a empellones del templo de Dios para ser conducidos y engrillados en los panópticos. Magistrados más hediondos que los que son condenados por masacres, más pestilentes que los que pagan fechorías de alcantarilla.

¿Quiere el lector nombres propios? Aquí van: María Emma Garzón de Gómez, Jorge Alfonso Flechas Díaz, Angelino Lizcano Rivera. La Honorable Corte Suprema de Justicia, en la sentencia Número 30682 del 23 de mayo de 2012, expresa que fueron los inspiradores de un delito inicuo. Lo inconcebible es lo siguiente. El máximo organismo judicial hizo traslado de la investigación por competencia a la Comisión de Acusaciones de la Cámara con el mandato implícito de conducirlos al patíbulo. Hasta el día de hoy, ¡qué vergüenza!, nada les ha ocurrido judicialmente a esos sujetos venales, y uno de ellos, la señora Garzón, con sindicación de otros desvíos criminosos, sigue proyectando sentencias. Semejante adefesio solo ocurre en Colombia.

¿Esta justicia ayuda a las prescripciones insólitas? ¡Sí! Cómo es posible que investigue y sentencie en el año de 2008, en un santiamén a Yidys Medina y Teodolindo Avendaño por el delito de cohecho (Art. 405 del Código Penal) y siete años después, el proceso permanezca inmóvil, como una mole de piedra. Pregunto: ¿son inmunes los que maquinaron el ilícito, los que lo trabajaron con las químicas del diablo y, finalmente, utilizaron a dos parlamentarios bobalicones para mancillar la ley?

¿Qué se busca? Que unos pingüinos perfumados sean favorecidos con la prescripción. El mensaje que nos manda esa justicia elitista, es que en sus predios también existen clases sociales. Una es la que condena porque soban unas nalgas femeninas, o hurtan un ave de corral. Hosca, con dentadura felina. Degluta con fruición la carne de los pobres.

Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio son unos pisaverdes protegidos, hasta ahora, por una justicia cobarde. Se acribilló a la señora Medina por haber vendido su voto a favor de una indebida reelección, a cambio de unos nombramientos en Barrancabermeja y al señor Avendaño le cancelaron su delincuencia, con dos contratos para su nuera Constanza Castro, y le encimaron la Notaría 67 de Bogotá. En el colmo de los cinismos, se aceptó que este corrupto de Caicedonia diera el candidato para el cargo. En efecto le nombran a su amigote en contubernios, Luis Camilo Omeara, como notario, comprometiéndose éste a cancelarle -soterradamente- 450 millones, de los cuales, según la pruebas, alcanzó a recibir $ 200.604.000.oo. Estamos frente al estiércol del diablo.

A tan viscoso escenario no podía, por ningún motivo, rebajarse la majestad de la justicia. ¿Cómo los colombianos no vamos a sentir asco con estas trapisondas que pisotean el hermoso simbolismo de la ley?