Sensatas las declaraciones dadas al matutino El Tiempo, en el último domingo, por el ministro de Justicia Yesid Reyes. Le faltó decir que el Sistema Penal Acusatorio (le dicen aplazatorio) ha sido un triste fiasco. Por donde se le mire, aparecen de bulto sus falencias que el gobierno disimula por temor a embarcarse en su remodelación.

"El procedimiento oral se está reduciendo a leer escritos", dijo el ministro. La agitación intelectual, el vuelo creativo, el estímulo a la inteligencia, el derrame verbal para expandir teorías innovadoras, desaparecieron de los estrados, para darle vida a la monótona lectura que las partes llevan redactadas, en un lenguaje, casi siempre, pedestre. Antes, ser penalista, implicaba ser sociólogo, jurista erudito, partero de teorías. Y sobre todo, tener imaginación y palabra fácil. Del foro estaban eliminados los abogados gagos, los mediocres, los que no hacían ahondamientos para explicar lo que es el complicado mundo de la psiquis humana. Hoy todos los tinterillos son penalistas. ¡Ah de aquellos cautivadores tiempos de Fernando Londoño, Lozano Palacio, Pedro Nel Jiménez, Chávez Echeverri, todos encumbrados oradores, ágiles en el verbo, intuitivos para encontrar los meandros de la prueba!

Son gigantescos los peros contra el Sistema Penal Acusatorio. Abogados y fiscales postergan las diligencias por motivos fútiles. Los defensores públicos ahogados por el cúmulo de procesos, 100 o más, buscan esquivar los aplastantes compromisos, aconsejando al indiciado o imputado la aceptación de cargos. Primero los asustan con prisión por muchos años en la eventualidad de una condena. Ese terrorismo judicial facilita la terminación pronta del juicio, declarándose el reo convicto de delitos no cometidos, para obtener rápidamente la libertad.

Sobra la intervención del Ministerio Público. En la práctica, este funcionario es otro fiscal. Habiéndose hecho una aparente innovación con este sistema, hemos caído en un procedimiento híbrido que no es oral, ni tampoco inquisitivo. Para que fuera realmente oral, debiera existir la audiencia pública con jurados de conciencia.

La justicia, en la práctica, tiene un valor prohibitivo. El Sistema Penal Acusatorio es elitista, solo propicio para países desarrollados, asustadoramente costoso, apenas propicio para ricos. Un homicidio que se cometa en Marulanda, por ejemplo, le corresponde al juez de conocimiento de Salamina. En el juicio oral, los declarantes deben ser trasladados del sitio en donde se cometió el presunto delito al municipio en donde se lleva a cabo el debate público, a cargo del bolsillo del imputado. ¿El campesino que está en el banquillo, sin recursos económicos, podrá demostrar su inocencia? ¿Cómo, sin dinero, podrá pagarle a los deponentes el día que dejan de trabajar, más el transporte y la comida? Peor aún: supongamos que en Manizales se va tramitar un juicio con testigos que viven en Bogotá, Leticia o Barranquilla. La carencia de medios para cancelar aviones, hoteles y regreso, a cargo del procesado, para lograr sus comparecencias, ha de finalizar irremediablemente en una decisión adversa. En síntesis, el Sistema Acusatorio genera más impunidad que el inquisitivo.

Teóricamente una investigación penal para que culmine en sentencia condenatoria o absolutoria en el nuevo sistema, no debe demorar más de un año. Causa hilaridad esa mentira. El caso de Colmenares que se tramita en Bogotá, lleva más de tres años y no ha finalizado, sin mencionar la apelación y muy posiblemente la casación. Lo mismo ocurre con el alcalde hampón y su hermano pícaro. Me refiero a los Moreno Rojas. Nadie sabe cuándo tendrá fin este proceso vergonzoso. Y qué decir de la yidispolítica. Una justicia morronga va a facilitar la prescripción en favor de los ministros delincuentes Sabas Pretelt y Palacio.

Por último, en este Sistema Acusatorio, las apelaciones de providencias que llegan a los tribunales, con detenidos, a veces pasan tres y cuatro años, sin decisión.

El ministro de Justicia ha dado un oportuno campanazo. Ojalá tenga eco.