El servidor público (Sabas Pretelt y Diego Palacio) que reciba para sí o para otro, dinero u otra utilidad, o acepte promesa remuneratoria, directa o indirectamente (Teodolindo Avendaño comprado su voto con una Notaría y Yidis Medina con unos puestos públicos en Barrancabermeja) para retardar u omitir un acto propio de su cargo, o para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales, incurrirá en prisión de cinco (5) a ocho (8) años, multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años. (Art 405 del C.P.).

En el año 2004 se debatía ardorosamente en el parlamento la reforma constitucional para permitir la reelección presidencial. Álvaro Uribe estaba obsesionado por alargar su mandato y agotó, como buen estratega maquiavelista, todos los medios para conseguir el fin. Fueron alfiles en ese mercado simoníaco, Sabas Pretelt de la Vega, ministro del Interior y Diego Palacio Betancourt, ministro de Salud. La Comisión Primera Constitucional debía definir la suerte del proyecto. El gobierno estaba derrotado y para evitar la hecatombe, decidió comprar el respaldo, a través de Pretelt y Palacio, de dos anónimos parlamentarios de provincia. Uno (Medina) que había comprometido públicamente su voto en contra, apareció, de la noche a la mañana, súbitamente, anunciando su apoyo, a cambio de los ofrecimientos que le hicieron los dos magnates de la administración. El otro, Avendaño, que también iba a negar la reelección, se obligó a ausentarse en el momento de la votación, tal como ocurrió.

Yidis Medina formalizó un "pacto efectuado a cambio de su voto". Agrega la Corte en sentencia condenatoria del 26 de junio de 2008, que "en su condición de congresista aceptó promesa remuneratoria con el fin de ejecutar un acto contrario a sus deberes oficiales". A esta legisladora le pagaron con nombramientos en Barrancabermeja y le prometieron, además, un consulado.

El 3 de junio de 2009 la Corte condenó a Teodolindo Avendaño. Es hediondo el relato que hizo la alta Corporación. Su ausencia en el momento de la votación del proyecto reeleccionista "se originó en el compromiso asumido con funcionarios del gobierno (Pretelt y Palacio), a cambio de promesa remuneratoria fruto de la cual efectivamente se dispuso para él de la notaría 67 de Bogotá, sucediendo que el notario designado le compró ese despacho en cuatrocientos cincuenta millones de pesos a Teodolindo Avendaño de los cuales se pudo comprobar que recibió en sus cuentas la suma de $200.604.000. Así mismo se estableció que fue favorecido con dos contratos a favor de su nuera Vania Constanza Castro".

¡Qué miseria moral! Halagan, Pretelt y Palacio, al parlamentario Avendaño con un alto cargo en la Superintendencia de Notariado y Registro, éste (Avendaño) negocia ese cargo con un particular, le nombran el candidato a quien se lo había vendido ¡conducta repugnante! firmando la obligación de pasarle al hijo de Caicedonia una suma millonaria. Todo gestionado por los ministros. Un comportamiento igual no ocurre ni en la más apestosa nación del África.

A Medina y Avendaño la Corte Suprema de Justicia los condenó y ya purgaron la pena en los presidios. La opinión, alarmada, pregunta: si el cohecho lo cometen tanto el que ofrece como el que recibe, ¿qué pasa con los otros empenachados delincuentes? ¿Por qué ese trato remolón para estos dos pingüinos, mucho más culpables que los ingenuos legisladores, pues fueron ellos, Pretelt y Palacio, los perversos autores intelectuales del crimen?

Hay podredumbre en la administración de justicia. La Corte, en reciente sentencia memorable, estampilló como protervos a los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria, Jorge Alonso Flechas Díaz, Angelino Lizcano Rivera y Julia Emma Garzón de Gómez. Los tres deberían estar en la cárcel. Causa horror que, sin autoridad y fichados como criminales, sigan profiriendo sentencias. Estos, como Pretelt y Palacio, buscan, con maturrangas, la prescripción de sus delitos. Vaya, vaya, qué justicia la nuestra.