El próximo domingo los colombianos tendremos que definir si aprobamos lo acordado en La Habana entre el Gobierno y las Farc. La elección del 2 de octubre no es sobre la legitimidad del gobierno de Juan Manuel Santos, ni una demostración de algún tipo de afecto o aceptación hacia la guerrilla. Tampoco puede ser vista como un escenario para medir las fuerzas políticas de cara a las elecciones de 2018. Esta decisión es sobre si se está de acuerdo o no con el modelo de justicia transicional y desmovilización acordado por el Estado y el grupo guerrillero.
En materia de justicia transicional suscribo lo dicho por Humberto de la Calle "es el mejor acuerdo posible". Esta apreciación no proviene solo del jefe del equipo negociador, también es compartida por distintos órganos de las Naciones Unidas, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Corte Penal Internacional, entre muchos otros expertos en la materia.
Desde 1985 el conflicto armado colombiano ha dejado 8.190.451 víctimas, este indicador nefasto ha tenido como consecuencia que el 99% de las violaciones a los Derechos Humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario quedan en la impunidad. Contar con una jurisdicción especial de paz, con una comisión de la verdad, así como con incentivos para la confesión de los crímenes, se constituye en una garantía para conocer los hechos sobre un buen número de delitos cometidos en el marco del conflicto. Esto permitirá alcanzar un cierto grado de justicia y de verdad para las víctimas, que podrá equilibrarse con el derecho de todos los colombianos a una paz duradera y estable. 
Así mismo, el Acuerdo de La Habana establece que para obtener los beneficios de las penas y sanciones alternativas, los desmovilizados deben reparar materialmente a las víctimas. Es decir, que el Tribunal deberá emitir sentencias por medio de las cuales se condena a los perpetradores a reparar con bienes y valores. La consecuencia de no proceder con la reparación pecuniaria será la pérdida de los beneficios establecidos en el marco de la justicia transicional.
Por su parte, el proceso de desmovilización, dejación de las armas y supervisión del cumplimiento de las sanciones que establezca el Tribunal Especial de Paz, estará bajo la supervisión de más de 500 funcionarios de las Naciones Unidas que estarán en las regiones verificando que se cumpla lo acordado en La Habana y lo establecido por los jueces. 
Otro de los puntos fundamentales del Acuerdo, dispone como directriz la necesidad de mejorar las condiciones socioeconómicas de los campesinos. Se busca que las áreas rurales más pobres y afectadas por el conflicto tengan mejoras en infraestructura vial, eléctrica, conectividad, distritos de riego, programas de desarrollo social en salud, vivienda, agua potable, educación, erradicación de la pobreza, acceso a créditos y acompañamiento en la comercialización de sus productos. Ésta es una agenda pendiente del Estado, que los campesinos y productores rurales vienen exigiendo desde hace años y los distintos gobiernos vienen excusándose en el conflicto y la violencia para no atender estas demandas. 
Con este marco, queda claro que mediante la suscripción del Acuerdo las Farc han perdido su lucha revolucionaria y se han comprometido a presentarse ante la justicia mediante un sistema de establecido bajo el actual ordenamiento jurídico colombiano, a acatar las órdenes de los tribunales locales, a cumplir las leyes, a participar en elecciones populares, a respetar la voluntad del pueblo y a hacer política desde la legalidad, con la palabra como única arma. Sería un gran error histórico dejar pasar la oportunidad democrática de aprobar el mejor acuerdo posible por la eventualidad de alcanzar un acuerdo para ángeles.