La moral es uno de esos vocablos que son conocidos como ‘conceptos indeterminados’ por ser de muy difícil definición pero que la gente comprende lo que significan. No me refiero con la expresión a aquella que está atada a conceptos religiosos, sino la que indica el ideal del comportamiento humano de acuerdo a unos valores (virtudes) que contribuyen a vivir en una sociedad armoniosa y justa: Respeto, Dignidad, Honestidad, Lealtad, Responsabilidad, Justicia, Bien Común, para invocar apenas unos pocos, y todas con mayúscula. Son principios que deben, tienen que cobijar por igual lo público como lo privado, infortunadamente valores aquellos que están siendo invertidos, desconocidos, desacatados, llegando a los antivalores del irrespeto, la indignidad, la deshonestidad, deslealtad, la irresponsabilidad, el egoísmo, y es el ejemplo que están recibiendo las nuevas generaciones.
Escándalos atados a la corrupción los hay por doquier, nacionales o locales, en el Congreso, en el Ejecutivo o en la Rama Judicial; en la Policía y en el Ejército; en la DIAN, en las cárceles y en las Cajas de Previsión Social; en los hospitales, en la contratación pública, en el sistema de salud, etc., etc., etc. Y las compañías particulares no escapan al flagelo, Interbolsa, basuras de Bogotá, Saludcoop, farmacéuticas, productoras de pañales y papel higiénico y otros carteles, como el del azúcar, empresas de construcción, profesionales de casi todas las áreas del conocimiento, y otra extensa lista de etcéteras.
En los centros educativos serios, especialmente universidades, se hacen grandes esfuerzos porque sus futuros profesionales cumplan su misión social con valores éticos o morales, en no pocas ocasiones con resultados decepcionantes. 
Se expiden normas de diversa índole, algunas con cierto espíritu draconiano como el Código Disciplinario Único, pero la corrupción sigue campeando y empeorando, sobre todo en el sector oficial en los más altos niveles, que son precisamente los que deben dar ejemplo a la sociedad; y peor aún, mensaje desatinado cuando por el acto de corrupción la prisión se paga en la casa y no en el centro de reclusión; nuevos delitos y aumento de penas que ni persuaden ni producen vergüenza. Un escándalo es tapado por otro, y el anterior cae en el ostracismo, dejando aquel a unos acusados (incluidas entidades) que en muchísimos casos resultan inocentes, pero ya está causado el daño al buen nombre, y se torna irreparable. En los últimos días, como de costumbre, surgió otro nuevo escándalo, al que se le ha dado el epígrafe de ‘cartel de los reintegros’ en la Policía Nacional, poniéndose en entredicho la honorabilidad y transparencia de órganos de la justicia, el que tuvo la ‘virtud’ de opacar -como también siempre sucede-, un supuesto tráfico de influencias y otras perlas en el interior de la benemérita institución.
Pero, ¿Cuál será el remedio para un mal que carcome a instituciones y sociedades?
Sanciones fuertes y penas condignas sin ningún tipo de beneficios, representan apenas una parte, que con lo que actualmente existe, no se alcanza a corregir la endemia; mayores controles internos ejercidos por personas de reconocida y probada solvencia moral, sería otra parte; trabajo de organizaciones sociales, otra; compromiso de los gobiernos nacionales y territoriales que no sucumban a los halagos de la corrupción, otro importantísimo componente; y por supuesto la educación, pero sobre todo, la formación en los hogares. 
Organizaciones comunitarias y del Estado hacen esfuerzos por ponerle diques a los corruptos, y por primera vez un órgano de la Justicia en el mundo se compromete con la política de transparencia nacional, y es exactamente el Consejo de Estado de Colombia a través de la Alianza para el Gobierno Abierto “AGA”, el que se atribuye el compromiso “rendición de cuentas para un mejor servicio de justicia”, con la finalidad de prestarlo a los usuarios “internos y externos a través de una gestión de calidad en términos de eficacia, eficiencia y transparencia”, incluyendo, entre otros aspectos, la divulgación de las hojas de vida de los aspirantes a magistrado de esa alta Corporación judicial; publicación del orden del día de la Sala Plena Contenciosa Administrativa; socialización del trabajo de la Sección de Asuntos Electorales, y una Comisión de “Transparencia y Rendición de Cuentas” que promoverá la implementación del Código Iberoamericano de Ética Judicial.