El mundo de incertidumbres que se maneja en Colombia pareciera que no tiene límites. Lo propio por supuesto debe suceder en muchos países, incluso en los de mayor progreso. 
Situémonos por ejemplo en el Reino Unido, donde nadie vaticina con algún grado de certeza lo que podría acontecerle en el mediano o largo plazo con el paso que dio de retirarse de la Unión Europea por decisión de una precaria mayoría a favor del "Brexit", cuya incertidumbre ha llevado a que se proponga una nueva votación.
Pasemos ahora al país vecino del sur, Francia, en donde los niveles de violencia han sumido a sus habitantes en el más completo desasosiego, afectando en grado superlativo su economía y de alguna manera su estabilidad política, por las irresponsables actuaciones de personas a las que ese país les ha dado generoso cobijo con seguridad social, ésta también en ascuas por el gasto público que implica su sostenimiento, agravada aún más con la crisis laboral ante la expedición de nuevas normas de trabajo. Increíble lo que pasa en la cuna de los principios de "libertad", "igualdad" y "fraternidad" que se proyectaron con fuerza al mundo occidental.
Después de apenas esos dos ejemplos, aterricemos en nuestro país. Mientras el proceso de paz sigue su rumbo con la discreción que le es propia y conveniente, los opositores se aprovechan para alentar pública o soterradamente cuestiones que parecen inconcebibles dentro de nuestro Estado de Derecho, generándose una especie de dilema insoluble para el común de los colombianos.
Cuando la Corte Constitucional se ha venido pronunciando sobre la reforma de Equilibrio de Poderes y Ajuste Institucional con argumentos de cierto modo novedosos con respecto a nuestra tradición jurídico-positiva, el Congreso de la República y el Gobierno saltan a la palestra para generar dudas sobre el papel competencial de aquel supremo Tribunal.
Si la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo trata de expedir sentencias que de alguna manera parecieran afectar el interés individual de algunos demandados, se utilizan toda suerte de mecanismos (trabas) aparentemente jurídicos, que solo generan recelamiento tanto en los estrados judiciales como en la comunidad.
La Fiscalía General desafía con escandalosos contratos, más condecoración a una contratista, así como que ni siquiera algunas de las muchas sonadas causas penales tengan resolución.
La incertidumbre que aqueja al país frente al juicio que se sigue al magistrado Jorge Pretelt, hace que el ambiente nacional se torne más enrarecido con la inconstitucionalidad del Tribunal de aforados y el consecuente futuro trámite de los nuevos casos de corrupción de los altos dignatarios del Estado. 
Siendo Colombia un "Estado Derecho", esto es, regido por normas jurídicas a las que en una democracia se les debe pleno acatamiento u obedecimiento, empezando por el ejemplo que en tal sentido deben dar los servidores públicos, y que las sentencias debidamente ejecutoriadas deben ser cumplidas en todo su rigor, parece que algunas entidades empiezan también a actuar en vía contraria, lo que igualmente desespera a la comunidad.
Carece de justificación que beneficiarios de sentencias que reconocen algún tipo de derechos, insistentemente desconocidos por sus autoridades, tengan que verse avocados a emprender nuevas acciones judiciales para ver materializadas sus prerrogativas en su verdadera dimensión, pues se hace caso omiso a ellas con cualquier tipo de falacias, o porque simplemente hay tozudez en no querer acatarlas.
No son pocos los exservidores que buscan que se les reconozca en oportuna y debida forma una pensión justamente lograda con muchísimos años de esfuerzo económico y dedicación, pero a la hora de querer disfrutar la prestación, tristemente se ven enfrentados al drama de la incertidumbre, y a la postre desazón frente a la reclamación. Si en verdad empiezan a desatenderse también las sentencias, frente a todo ese panorama no quedará más que reír o llorar.