Por estas calendas se empiezan a preparar y realizar las elecciones de dignatarios (Presidentes y vicepresidentes) de las Salas Plenísimas de las Corporaciones judiciales (Cortes y tribunales) para períodos de un año, lo que genera natural expectativa, incluso desde antes que culmine el año judicial; igualmente se hará la escogencia de los presidentes de las demás salas y secciones que las componen, especialmente en las cúpulas de la justicia. Es menester recordar que aquellas salas plenas, o plenísimas, las conforman la totalidad de los magistrados del respectivo tribunal, que en tratándose de la Corte Suprema de Justicia la integran 23, el Consejo de Estado 31, y la Corte Constitucional conformada por 9 magistrados. 

Ante las dificultades presentadas y excesos de tiempo transcurridos en distintas épocas para la elección de un presidente de Alta Corte, fue acordada una fórmula de solución ante los múltiples aprietos que se vivían para tales efectos -no llevada por supuesto a norma escrita al respectivo reglamentos interno-, consistente en que el vicepresidente elegido fuese el sucesor del presidente en el período inmediatamente siguiente, alternativa que había permitido salvar prontamente su elección y evitado muchos contratiempos por razón de la sucesión. No obstante la sabia solución, de un tiempo para acá no ha sido acogida por cuanto han surgido otras aspiraciones a esas dignidades, también legítimas desde luego, lo que ha dado al traste con las mayorías y la normalidad (relativa) que imperaban. 

La Presidencia de una alta corporación es un honor no desdeñable -aunque no llamativa para todo funcionario-, pues además de constituir la máxima distinción en las cúspides de la justicia, es el representante y cara visible de la respectiva jurisdicción (Ordinaria, Contenciosa Administrativa, Constitucional, Disciplinaria), como tal, es miembro, por derecho propio, del poderoso Consejo de Gobierno Judicial recientemente creado, es protagonista en las relaciones interinstitucionales, obtiene una visa diplomática y es invitado de especial connotación dentro y fuera del país; además de esas prerrogativas, tiene que encargarse de las responsabilidades administrativas de cada organización, todo lo cual le hace merecedor, como es apenas obvio, a una disminución en el reparto de demandas y procesos. 
Si se aplicara plenamente el consensuado remedio, la Presidencia de la H. Corte Suprema de Justicia la debería asumir el magistrado de la Sala de Casación Civil y Agraria, Dr. Fernando Giraldo Gutiérrez, su actual vicepresidente, de competente y larguísima trayectoria en la justicia y en la propia Corte, lo que de contera le generaría una gran distinción al Departamento de Caldas y a su natal Villamaría. En ese mismo orden, la aplicación de la fórmula en el H. Consejo de Estado habría dado lugar a que la Presidencia la obtuviera la actual vicepresidenta, la magistrada de la Sección de Asuntos Tributarios Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia, misma que no pudo ser reemplazada en el 2015 en esa dignidad y quien había fungido con la misma distinción en el 2014. Al momento de la revisión final a este artículo, tuve conocimiento de la expedita elección, sin milimetrías, como presidente del mismo Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo del tolimense Dr. Danilo Rojas Betancourt, magistrado de la Sección Tercera, y como vicepresidente el antioqueño Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, de la Sección Cuarta, resultado del ánimo de continuar con un trabajo sólido y mancomunado. 

En la Corte Constitucional el efecto Pretelt deberá tener alguna incidencia obvia en la elección de su presidente, pareciendo todo indicar que el espaldarazo lo recibiría la Dra. María Victoria Calle Correa, quien actualmente funge como encargada de aquella dignidad, y de quien se indica, ha manejado con sobrada sabiduría y prudencia el espinoso caso del magistrado-presidente Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 

En el suprimido Consejo Superior de la Judicatura hay mutis por el foro ante la precaria situación que ostenta, y del que pervivirá con otro nombre su Sala Disciplinaria. Es una incógnita si se elegirán o no dignatarios en la transitoriamete subsistente Sala Administrativa, donde hace un buen tiempo solo actúan, por anulación de sus designaciones, 4 de sus 6 integrantes. 

A nivel territorial, los tribunales Superiores y Administrativos andan igualmente preparando la elección de sus dignatarios, sin que pueda decirse que en algunos de ellos el asunto sea pacífico, pues hay así mismo las naturales aspiraciones y postulaciones para regir sus destinos, con las dificultades o conflictos que en ocasiones genera ese tipo de debates. 

Ojalá en estos cruciales momentos se logren los consensos que permitan elegir sin traumatismos a las nuevas directivas de la justicia, honrosas exaltaciones que deben constituir un verdadero ejemplo para el país, y de este modo las corporaciones judiciales salgan fortalecidas en una etapa de nuestra historia en la que se clama por más justicia y orden en todas sus instituciones.