El diálogo es indudablemente la mejor 'arma' para lograr propósitos comunes serios y loables, pero adicionalmente se requiere, también como elemento fundamental, que haya una decidida voluntad de los líderes en participar, en nombre de quienes representan, para el cumplimiento de las metas consensuadas, lo que es aplicable no solo para grupos o comunidades, sino para los propios poderes del Estado.
Siempre se ha mencionado que muchas de las reformas institucionales se hacen de espaldas al país, o cuando menos, de las entidades que se pretenden regular o modificar.
En un breve lapso han caído en desgracia dos reformas constitucionales a la justicia; una fue vetada por el ejecutivo a través de unas discutidas y confusas objeciones ante los agregados que se le hicieron, surgidas de un pecaminoso conciliábulo de último momento que igualmente precipitó la estruendosa salida de un ministro de Justicia; la última, muy reciente, prácticamente enterrada por la Corte Constitucional al entender que con muchos de sus artículos se estaba sustituyendo la Constitución Nacional, es decir, que con ellos se le estaba cambiando la esencia que le había dado la Asamblea Constituyente a la Carta Política de 1991.
La Rama Judicial ha caído en una especie de desgracia por escándalos que se han originado lamentablemente en el seno de las más Altas Cortes de Justicia, que son precisamente las que deben trazar los derroteros de la transparencia y la dignidad de los órganos que sus magistrados representan; y hay que decirlo, aunque suene reiterado, bataholas que han sido propiciadas por personas provenientes no propiamente de esa rama del poder público.
Pero reconforta haber visto reunida por primera vez la cúpula de la justicia con todos los presidentes de los Tribunales del país y los voceros del sindicato y de los Colegios de Jueces, quienes en un solo cuerpo realizaron la Primera Cumbre Nacional de la Rama Judicial ante la necesidad de autoevaluarse, mirar hacia adentro el aparato judicial, hacer un ejercicio crítico de su función, y comprometerse con el diseño de un proyecto de reforma a la justicia que no solo genere confianza, sino que atienda a las realidades del país: Problemas estructurales y cotidianos de la justicia; propuestas y alternativas de solución a corto, mediano y largo plazo; principios de la función judicial; perfil del juez y la rama judicial frente al posconflicto, fueron los temas medulares de aquel encuentro del 22 del mes en curso.
Hubo las manifestaciones de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, quien pregonó rescatar la dignidad de los jueces y empleados de la Rama Judicial, así como satisfacer el acceso fácil y eficiente a la justicia; al paso que la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura (ya no de la Sala Administrativa), insistiendo en recabar los principios de imparcialidad, autonomía e independencia de la rama, y el sometimiento a la Ley que es lo que genera la legitimidad de las instituciones.
El señor presidente del Consejo de Estado, por su parte, expuso que los jueces deben instituirse como los jueces para la paz proponiendo un diálogo nacional; el compromiso del Estado para su transformación, y preparación para el desafío que conlleva la resolución del conflicto armado. La presidenta de la Corte Constitucional dijo que es incomprendida la tarea de ese alto tribunal, expresando que solo con decisiones justas habrá tranquilidad ciudadana; que la Rama Judicial debe ser capaz de autorregularse y autogobernarse con plena capacidad, sin la presencia de extraños, debiendo contar con independencia administrativa y presupuestal.
Un proyecto de verdadera reforma a la justicia, elaborado por los propios servidores judiciales que son quienes viven y conocen más que nadie los verdaderos problemas que la aqueja, constituye un aliciente para el país y puede servir de ejemplo a las autoridades y al Congreso, a quienes sin desconocerles las atribuciones que cada uno tiene, podrían culminar con unas normas que satisfagan el auténtico interés nacional y colmen las expectativas de los colombianos.