Una de las mayores características de nuestro territorio nacional es su relieve o topografía, sobresaliendo las cadenas de montañas que se extienden de sur a norte, conformadas por muchas cumbres que se convierten en verdaderos retos para los grandes trepadores; alcanzar sus más altas cimas es su más grande anhelo.
Los 'grupos' de derechos consagrados en nuestra Constitución Nacional los asemejo a las tres cordilleras colombianas, mientras que los derechos que integran esos grupos, que son de muy diversa índole, los comparo con las máximas cumbres que hacen parte de aquellas. 
Así, hay un grupo de derechos (cordillera) que se denomina "fundamentales"; otro catalogado como "derechos sociales, económicos y culturales", y un tercer grupo conocido como "derechos culturales y del ambiente". 
Los distintos derechos o prerrogativas que los conforman (las cumbres), cada uno con sus propias dificultades, son los que la sociedad tiene que escalar para alcanzar la meta de su cabal materialización o verdadera dimensión. Para lograr coronar tales 'cumbres constitucionales' a veces se les pone mayores trabas, como acontece por ejemplo con las pensiones (art. 48 de la Constitución), o tienen que superarse muchos escollos para obtener una vivienda digna (art. 51), o para lograr el derecho a la paz (art. 22).
Hoy abordaré dos de los más importantes derechos, sin desdeñar por supuesto los demás, los que no deberían tener tropiezos, o si los hubiera, ellos fueran mínimos, para lograr la meta; son los derechos a la salud y a la educación: “...Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud” establece el artículo 49 de la Carta Política; “La educación es un derecho de la persona... con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura”, “El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los 5 y los 15 años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica”; “La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos”; “Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo”, indica el precepto 67 del mismo ordenamiento superior.
Colombia es un Estado "social" de derecho, por tal condición, ese binomio salud-educación debería ser todo, o casi todo, a cargo del propio Estado y de muy fácil acceso para la colectividad, pero ello, como es evidente, no es así. Para obtener una buena o excelente atención sanitaria y formación académica, hay que acudir al sistema privado, salvo rarísimas excepciones hoy, o preferirse la acción de tutela como mecanismo idóneo para hallar la primera. 
Las pólizas o seguros de salud o de medicina prepagada, que en muchas ocasiones resultan menos costosas que el pago forzoso al sistema de la Ley 100 de 1993, debería compatibilizar con una óptima atención de las Empresas Promotoras de Salud y Empresas Sociales del Estado, y en general de toda la organización; sin embargo lo primero hace romper el equilibrio o igualdad que debe haber entre los usuarios en la recepción de los servicios, sin que se escatimen en perjuicio de aquellos; lo razonable sería que todas las personas, sin distingos, acudieran en similitud de condiciones.
Y en el derecho a la educación, no concebida esta solamente como la formación básica sino hasta los más altos niveles de la academia, informes periodísticos indican que un doctorado en Colombia puede llegar a costar hasta ¡¡¡$80 millones!!! ¿Cuántos colombianos con formación superior podrían satisfacer estos valores, sin agregar costes de manutención, hospedaje y otros, cuando la oferta es de ciudades distintas a la de residencia? Esto contrasta sideralmente con Francia, sin desatender diferencias, donde los servicios educativos son en su casi totalidad a cargo del Estado, y el valor de un doctorado puede ascender, a lo sumo, a unos 400 Euros (información Campus France), algo así como $1'360.000. Y lo mismo podría predicarse de las maestrías, que en nuestro país cuestan alrededor de $20 millones, al paso que en aquella nación asciende a 260 euros ($884.000 aproximadamente).