En las postrimerías de cada año, cuando se empieza a discutir entre patronos (empresarios) y trabajadores el incremento del salario mínimo, sirviendo el gobierno de mediador, siempre rememoro el tema de los “Factores reales de poder”, esas fuerzas activas y de gran influencia que fueron acogidas por el alemán Ferdinand Lasalle (1825-1864), abogado autor de la célebre obra ¿Qué es una Constitución?, clases o sectores aquellos que, según el mismo filósofo, son los que 'dan contenido' al estatuto político por excelencia (Constitución): “...la constitución política no es sino la formalización de los factores reales de poder a fin de legitimar sus intereses y poderlos defender así con la fuerza coercitiva del Estado”. De este modo enlistó como tales a la 'monarquía', la 'aristocracia', la 'gran burguesía', los 'banqueros', la 'conciencia colectiva y la cultura general', la 'pequeña burguesía' y la 'clase obrera'.
La doctrina moderna amplía la lista de esos factores reales de poder, por vía de ejemplo, con el gobierno, el parlamento, la rama judicial, los medios de comunicación, los partidos políticos, el clero, los gremios, los bancos, la burguesía, los sindicatos, el ejército, el pueblo; cada uno con sus propios intereses y objetivos, y con diferentes maneras de operar o manifestarse; lo curioso, pero normal, es que no siempre reina la igualdad ni campea constantemente en sus relaciones el principio de la dignidad humana.
Mientras los trabajadores en ocasiones no tienen formas distintas al paro o la huelga para manifestarse y ejercer presión, corriendo con el riesgo de ser aquellos declarados ilegales con los consecuentes despidos, el mundo de los gremios tiene otras maneras de presión directa ante las autoridades gubernamentales o ante el propio Congreso de la República, sin acarrearles consecuencias de ninguna índole. Se ‘runrunea’ acerca de patrocinios de campañas políticas por parte de empresas interesadas en obtener beneficios del Estado, como el que hace algunos años denunciaba un senador en el Congreso de la República.
Para la convocatoria de la Constituyente que dio lugar a la Constitución de 1991, hubo presión de la comunidad y del gobierno, no así del estamento político, para adoptar un nuevo modelo u orden institucional, resultado de la calamitosa situación social y política que por aquellos años se presentaba en el país. Otros grupos de presión con intereses disímiles han propiciado luego tantas modificaciones de aquel ordenamiento, que la tienen ya convertida en una ‘colcha de retazos’. Y acaba de suceder con otra más, la del “Equilibrio de poderes y reajuste institucional”.
Los medios de comunicación tienen igualmente un singular poder de influencia en la vida social de los pueblos, y ejercen presión en el qué hacer de las organizaciones, sus dirigentes y el entorno social; son vigilantes del comportamiento de las autoridades, con capacidad de descalificar actuaciones sin medir muchas veces las consecuencias injustas o indeseables que se dan sobre el afectado.
La insurgencia con los diálogos de La Habana se está convirtiendo en otro factor real de poder, y si bien se transformará en partido político una vez se hayan reinsertado como consecuencia del acuerdo de paz, lo cierto es que la influencia o presión que están teniendo o ejerciendo en esas conversaciones será definitiva para el cambio de las reglas constitucionales, incluidas modificaciones a la representación política y al sistema judicial.
Retomando al autor germano, "...Se toman estos factores reales de poder, se extienden en una hoja de papel, se les da expresión escrita, y a partir de este momento, incorporados a un papel, ya no son simples factores reales de poder sino que se han erigido en derecho, en instituciones jurídicas, y quien atente contra ellos atenta contra la ley, y es castigado".